"Es un derecho que tenemos, no una limosna", sentencia Teresa Rodríguez, la usuaria del servicio de ayuda a domicilio que ayer registró en el Ayuntamiento su rechazo a la implantación del copago en esta prestación. Rodríguez presentó una queja después de recibir una carta en la que Gobierno local la instaba a presentar documentación que acreditase su situación económica para determinar qué porcentaje del servicio deberá pagar.
La denunciante, que sufre paraplejia a causa de una lesión medular, estuvo arropada por "un grupo de amigos" y por concejales de los grupos de la oposición que votaron en contra de la ordenanza que promueve el pago de una parte del coste de la ayuda. PSOE y BNG. El Ayuntamiento asegura que estudia "caso por caso" y garantiza "ayudas adicionales" para las "excepciones" en que se demuestre incapacidad para hacer frente al pago.
Rodríguez incide en que es "injusto" que "el colectivo más desfavorecido pague lo que se malgasta en otras cosas" y apunta que las personas en situaciones similares a la suya precisan de más asistencia que las horas de ayuda que les proporciona la Administración y, por tanto, tienen más gastos que los que se deriven del copago en el servicio público. "Si yo no tengo quien me levante, estaría todo el día en la cama. Y tengo que sondarme cada seis horas. Además, yo tuve la suerte de poder cambiarme de casa a una más accesible. En la otra no podía acceder al cuarto de baño ni a otras habitaciones, tenía escaleras... Vivía como un pájaro en una jaula. Y hay gente que no puede cambiar sus casas", explica Rodríguez.
"Dependemos de otras personas. No es solo las horas que vienen a través del servicio de ayuda a domicilio, que es un derecho que tenemos, no una limosna. Tendrían que pensarlo bastante porque no están fáciles las cosas para nosotros. Que lo quiten de otras cosas", defiende Rodríguez.
El Gobierno local garantiza que "se aplicarán ayudas adicionales necesarias para aquellas excepciones en las que quede demostrado que el usuario no puede hacer frente a la parte a la parte del servicio que les corresponde". El Ejecutivo municipal asegura también que estudia "caso por caso".
El portavoz municipal, Julio Flores, acusó al PSOE y al BNG de, primero, "acatar las normativas fijadas por el Gobierno central y la Xunta en materia de ayuda a la dependencia" y que después, criticó, "decidieron obviar sus propios acuerdos".
El concejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, se reunirá este mediodía con Teresa Rodríguez, según aseguró la usuaria. Rodríguez insta a los responsables municipales a recibir a todos los afectados para conocer sus opiniones y sus situaciones reales. La usuaria critica, además, que la información que han recibido los interesados del Ayuntamiento hasta el momento es "confusa".
El grupo municipal el PSOE denuncia que el regidor coruñés, Carlos Negreira, es "el primer alcalde que pone precio a los servicios de ayuda a domicilio" y critica la "mercantilización" de los servicios sociales. El concejal socialista Jesús Fernández alertó de "la repercusión sobre la economía de las personas más necesitadas" que tendrá la medida, que se implantará con carácter retroactivo al 1 de enero y obligará a pagar a los usuarios que superen los 532,51 euros en ingresos mensuales.
Fernández recordó que el alcalde "ha enmendado su presupuesto" y ha rebajado la partida destinada a O Parrote en 1,5 millones, fondos con los que, sostiene, podría evitar que los usuarios tuviesen que pagar por la ayuda a domicilio.
"Es inconcebible que el PP les haga pagar un millón de euros a los usuarios de ayuda a domicilio mientras entierra 14 millones en O Parrote", critica el BNG, uno de dos partidos, junto al PSOE, que se opusieron a la ordenanza. La edil nacionalista María Xosé Bravo consideró la medida "socialmente muy injusta". La concejal aseveró que "la orden de subvenciones de 2011 no establece que el Ayuntamiento tenga que devolver las subvenciones de la Xunta si no recauda el pago".
