"Cuando hay discrepancias, se va al juzgado y punto". El exdirector de Urbanismo, Alfredo Cerezales, denunció al Concello por impedirle ejercer su profesión de abogado en una empresa que trata asuntos urbanísticos. El Gobierno local ya le advirtió de la incompatibilidad que pesa sobre él por haber ostentado el cargo de máximo responsable del área, solo por detrás del concejal, y después rechazó su recurso contra la resolución. Ahora, será un juez el que decida si el trabajador municipal entre 2007 y 2011 tiene o no razón

ÁNGELA FERNÁNDEZ | A CORUÑA El que fuera director de Urbanismo desde 2007 hasta 2011, Alfredo Cerezales, presentó una denuncia ante los tribunales contra el Concello por resolver que el cargo que había ejercido es incompatible con la actividad de abogado que pretendía desarrollar, tras su cese, en una consultoría jurídica que trata asuntos urbanísticos. La Junta de Gobierno local acordó ayer el personamiento del Ayuntamiento en el recurso y defender su postura, argumentada por la asesoría jurídica municipal, de que la ley de incompatibilidades impide a Cerezales trabajar en una empresa que esté relacionada con temas con los que tuvo relación al ostentar el cargo de responsable de la Concejalía de Urbanismo, solo por debajo, en la escala, de las ediles de este área -Mar Barcón y Obdulia Taboadela-.

El denunciante confía en que el juzgado aclare la situación y le dé la razón, aunque no da importancia a la presentación del recurso ante los tribunales, tras agotar la vía administrativa. "Cuando hay discrepancias, se va al juzgado y punto. El juez dirá lo que tenga que decir", explicó ayer. Por ahora el Concello no le permite realizar actividades relacionadas con el urbanismo coruñés y también rechaza el pago de una indemnización compensatoria por el plazo en el que no pueda ejercer su profesión. La argumentación de los servicios jurídicos es que en el acuerdo de junta de gobierno de julio de 2007 en el que se le nombró director de Urbanismo -en el Gobierno local de coalición de PSOE y BNG- ya se establecían las incompatibilidades que asume el personal de las administraciones públicas.

Tras su cese en junio del año pasado, Cerezales solicitó el informe municipal que explicase si podía o no ejercer como abogado en temas urbanísticos en la ciudad y, tras la negativa a su nueva actividad, presentó recurso administrativo, que le fue denegado. Ahora serán los tribunales los que decidirán quién tiene la razón.

La junta de gobierno celebrada ayer también aprobó la concesión de ayudas a la rehabilitación de edificios en las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI): en el casco histórico, Palavea, Os Mariñeiros y Sagrada Familia hasta 2016. Serán 290 las actuaciones que se realizarán con la inversión de 5,5 millones, de los que un millón procede de las arcas municipales. De las subvenciones a la renovación de inmuebles para el resto de la ciudad y para instalar ascensores y retirar cableado de las fachadas, en la mitad del plazo de presentación de solicitudes se han presentado 65 peticiones que afectarían a 880 pisos.