Tras 26 años, el dueño de una finca donde se levantó el colegio Fernández Latorre, en O Castrillón, está a punto de percibir una cantidad de dinero por su expropiación. El Concello abre el período de información pública del proyecto de compra, a través de un procedimiento de tasación conjunta, del solar, propiedad de la Fundación Juana de Vega, en cumplimiento de una sentencia de 2010 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por la cual, además de este pago, también tendrá que abonar una indemnización. Y es que en 1986, cuando se comenzó a construir el centro educativo, el Ayuntamiento ocupó la parcela, de 74 metros cuadrados, sin haber llegado a un acuerdo con el dueño. Años después, y tras no conseguir alcanzar un pacto con la administración, la fundación llevó el caso a los tribunales.

El alto tribunal gallego obliga al Concello a pagar al propietario un 25% más del justiprecio en concepto de "indemnización de daños y perjuicios por la ilícita privación de la posesión" y por los intereses de demora. Pero antes de este desembolso, la sentencia exigía al Ayuntamiento a que ingresase el dinero correspondiente a la desafectación del terreno, cuestión que ahora cumple con el inicio del período de información pública del proyecto de expropiación. Y, tras dos décadas esperando, la tramitación municipal ayuda a que la demora sea cada vez mayor.

Y es que fue el 20 de mayo del año pasado cuando la Junta de Gobierno Local, formada por PSOE y BNG, acordó el plan para pagar por el terreno y cumplir la sentencia, que databa de febrero del año anterior, pero no es hasta ahora que se abre el plazo para poder realizar alegaciones en el plazo de un mes. Es más, el Diario Oficial de Galicia publica esta resolución del director de Urbanismo, César Otero, nombrado por el PP y que la firmó en junio del año pasado. No será hasta marzo cuando se apruebe de manera definitiva el documento y se establezca el pago por la expropiación. Aún restaría después que el Ayuntamiento abonara tal cantidad a la Fundación Juana de Vega y también el 25% más que estableció el tribunal como compensación.