A. R. | A CORUÑA Francisco Vázquez se muestra airado por la salud religiosa de su partido. Por defender a su Iglesia católica se echa al monte y no duda en señalar el "anticlericalismo casposo" del recién elegido secretario general del PSOE, Alfredo Rubalcaba. El ex embajador en el Vaticano parece hacer cariños a posturas populares y defiende a capa y espada el valor constitucional del acuerdo de financiación con la Santa Sede, con una actitud que se convirtió en una de las razones de un sector de los socialistas para vetar el nombramiento del coruñés como Defensor del Pueblo.

Los micrófonos de la Cadena COPE, donde participa como contertulio, le sirvieron a Vázquez para acusar a Rubalcaba de recurrir a algo más propio de un siglo XIX "olvidado en el tiempo". Para el exalcalde, Rubalcaba empleó un "latiguillo absurdo" cuando, en el 28º Congreso de su partido afirmó que, si ganaba, se replantearía "seriamente" el acuerdo con la Santa Sede. "Me ha disgustado y me ha sorprendido profundamente que, en un congreso tan importante, haya habido el recurso manido del ataque a la Iglesia", indicó el exembajador.

Ante su inminente marcha del Vaticano, Francisco Vázquez se postuló como Defensor del Pueblo, apoyado por el PP y, según aseguró el propio exregidor, por José Luis Rodríguez Zapatero y José Blanco. Tuvo que admitir, finalmente, que sectores del PSOE lo habían vetado, a su entender, por ser católico confeso. En su despedida tras cinco años en la embajada señaló "la intolerancia de la derecha española y el sectarismo de la izquierda".

Tuvo que asumir entonces que, con su partido en el Gobierno, no conseguiría convertirse en una figura de consenso para ocupar el cargo de Defensor a pesar del supuesto sustento del PP. Tras el cambio en La Moncloa, habrá que ponerse a buscar de nuevo un representante para la institución puesto que la actual defensora, María Luisa Cava de Llano, sigue en condición de interina.

Con sus declaraciones en la cadena de la Conferencia Episcopal, Vázquez se vuelve a arrimar a los postulados populares. Defiende que los acuerdos no son "ningún privilegio" para la Iglesia, sobre la que "está pesando gran parte de la atención a los sectores más necesitados o castigados por la crisis económica". Cree que existe una "ignorancia" sobre este tipo de tratados.