SARA VÁZQUEZ | A CORUÑA La Xunta supedita la construcción de la residencia del campus de Elviña a que la Universidad acepte la gestión privada. El Ejecutivo autonómico admite como única posibilidad viable para la ejecución de la infraestructura el sistema concesional y espera al visto bueno de la entidad académica, que se opuso desde el principio a que una empresa privada se ocupase de gestionar las plazas de residencia a cambio de construirla.

El Ejecutivo gallego sostiene que el futuro de la instalación dependerá, sobre todo, de la decisión de la Universidad ya que se tratará de una instalación universitaria. El Gobierno autonómico asegura que en este momento no existen fondos para afrontar el proyecto solo con dinero público. La Xunta, según fuentes de la Consellería de Territorio, asegura que, si la Universidad rechaza el modelo concesional para la gestión de la residencia, supondrá convertir el proyecto en inviable.

Al margen de la resolución que adopte la entidad académica, el Gobierno gallego espera la autorización de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Consellería de Facenda al procedimiento de contrato por concesión de obra pública. Solo después de recibir el visto bueno podrá licitar la construcción y explotación de la residencia universitaria.

El grupo municipal del PSdeG denunció ayer el "silencio cómplice" del alcalde, Carlos Negreira, al que reprocha que, tras garantizar su compromiso con la residencia, "guarde silencio cada vez que la Xunta da un paso más en su marcha atrás". Los socialistas afirman que la Xunta "deja a a la Universidad coruñesa sin residencia pública para estudiantes", ahora, "con el aval del Consello Consultivo".

El órgano independiente avala la rescisión del contrato de diseño y dirección de la obra a Aq4 Arquitectura ya que, entiende, se efectuó conforme a derecho. El Consello Consultivo sostiene, eso sí, que se debe indemnizar al estudio "por los daños y perjuicios sufridos" como consecuencia de la resolución de la Xunta, que abonó a la empresa 669.000 euros por el premio, la elaboración del proyecto y la liquidación del contrato.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo determinó que el coste del proyecto de la adjudicataria, veinte millones de euros, era "desorbitado" y decidió que la gestión del complejo recaiga en una concesionaria.

Tras anunciar que renunciaba al proyecto, la Xunta garantizó que, aunque la gestión fuese privada, los precios de la residencia serían públicos. El conselleiro de Medio Ambiente e Infraestruturas, Agustín Hernández, aseguró que el modelo concesional no supondría la privatización de la instalación universitaria y garantizó que sería "pública, funcional y operativa". El titular del departamento gallego de Infraestruturas anunció, además, la intención del Gobierno autonómico de que la empresa que construyese el complejo residencial fuese también la que lo gestionase.

Tanto el anterior rector, José María Barja, como su sucesor, Xosé Luis Armesto, han defendido la gestión pública de la residencia. El nuevo rector, además, consideró que, en la situación actual, correspondía mover ficha a la Xunta, responsable de la financiación de la residencia.