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SARA VÁZQUEZ | A CORUÑA
El estudio de arquitectura que diseñó la residencia universitaria de Elviña reclamará una indemnización si la Xunta no restablece el contrato de construcción y dirección de la obra. AQ4 Arquitectura espera la respuesta del Ejecutivo autonómico a las alegaciones presentadas a la resolución del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), que rescindió el contrato con la adjudicataria del proyecto.
Los arquitectos aseguran que lo que buscan con las alegaciones es que se restablezca el contrato aunque, si no lo consiguen, reclamarán la indemnización que "por derecho" les corresponde, explica uno de los socios del estudio, Carlos Gelpi. El Consello Consultivo, en el dictamen en que avala la rescisión del contrato, matiza que la ley obliga a Xunta a indemnizar a la adjudicataria por los "daños y perjuicios efectivamente sufridos".
El estudio apunta que la reclamación de la indemnización dependerá de la respuesta a las alegaciones presentadas en su día, hace meses, que "tendría que haber llegado ya", asegura el socio del estudio Ibon Bilbao. "No nos movemos por una indemnización. Nuestra mayor pena es no poder hacer el proyecto", asegura Gelpi. Bilbao apunta que las alegaciones son "el último paso" que el estudio puede dar para tratar de recuperar el contrato y señala que la única posibilidad de que continuase la pugna si la respuesta a las alegaciones ratifica la decisión de la Xunta sería que la Universidad pelease por que fuese la adjudicataria inicial la que se encargase del diseño y la dirección.
AQ4 Arquitectura atribuye a "una decisión política" y no solo a una reducción presupuestaria el cambio de planes para la residencia. Los arquitectos recuerdan que, cuando la Xunta juzgó "desorbitado" el presupuesto del diseño inicial, ofrecieron diversas posibilidades, como introducir las "modificaciones necesarias" para abaratar el coste de la obra, suspender el contrato hasta que existiese crédito o construir el complejo residencial por fases en función de las posibilidades presupuestarias. Vivenda rechazó todas las alternativas.
La empresa se muestra dispuesta todavía a revisar el proyecto para adecuarse a las demandas y asegura que siempre se ha mantenido dialogante y abierta a introducir las variaciones necesarias para hacer viable la obra. La Xunta argumentó sobre la desestimación del trabajo de AQ4 Arquitectos que el presupuesto, de más de 20 millones de euros, era excesivo. "Hemos hecho en todo momento lo que nos han pedido", asevera Bilbao, y lamenta que se haya considerado elevado el coste de su diseño cuando este responde, explica el arquitecto, a la gran superficie que se les encargó cubrir. "Es enorme, 24.000 metros cuadrados; un tercio del campus. Cuesta unos 648 euros por metro cuadrado, un precio muy normal", explica Bilbao.
La firma entiende que la idea del nuevo Gobierno gallego para la residencia no es la misma que la que concibió la Xunta del bipartito. "Nosotros hemos intentado explicar las alternativas a la Xunta, pero el contacto ha sido muy diferente al que teníamos con el Gobierno anterior. El nuevo equipo no entendía este proyecto como suyo. Porque alternativas hay", afirma Bilbao. "Es una cuestión de voluntad política. La Universidad tiene voluntad de hacerlo y nosotros tenemos voluntad y capacidad. Es la Xunta quien no quiere que lo hagamos nosotros; quiere que lo haga otra empresa", explica Gespi. "Parece que el problema es que ha cambiado la solución que se quiere buscar", señala el arquitecto.
Bilbao apunta que el anterior gobierno de la Universidad, que lideraba José María Barja, mantuvo conversaciones cordiales con ellos e insistió en mantener la adjudicación a AQ4 Arquitectura. El nuevo rector, Xosé Luis Armesto, no se ha puesto en contacto con ellos por ahora, aseguran los arquitectos, que tampoco se han dirigido al equipo que dirige a Maestranza a la espera de ver "cuál era su actitud".
El sistema que plantea el actual Gobierno autonómico para las plazas de residencia, en efecto, no es el mismo que concebía el anterior Ejecutivo gallego cuando se adjudicó el proyecto y la dirección de la obra. El pasado miércoles, la Xunta condicionó la realización de la infraestructura a que su gestión sea privada, opción que el Rectorado siempre rechazó. El Ejecutivo sostiene que la concesión es la única posibilidad viable en términos económicos.
Gelpi critica el gasto que ha supuesto a la Xunta anular el contrato con la empresa que realizó el diseño que después rechazó y a la que tuvo que pagar 669.000 euros por los estudios, informes, proyectos, trabajos y servicios. El arquitecto incide, además, en el desembolso que supone encargar "lo mismo dos veces", ya que, tras descartar la propuesta de su estudio, la Xunta encargará otro diseño.
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