Las partes implicadas en la caída de una grúa en la calle Real en noviembre de 2002 que provocó la muerte de dos mujeres pretenden repetir el lunes el acuerdo verbal sobre las penas y las indemnizaciones al que llegaron hace un año el fiscal y los abogados de los afectados y de los familiares de las dos fallecidas. Las partes llegaron el año pasado a un pacto de palabra ante el juez, pero el magistrado fue destinado a otra localidad, por lo que el compromiso carece de validez y el juicio está previsto que comience el lunes. Todo apunta, sin embargo, a que la vista oral no se celebrará porque los implicados cerrarán el mismo acuerdo sobre las responsabilidades penales que el año pasado.

Los implicados estipularon en 2011 ante el magistrado que las dos personas que montaron la grúa fuesen absueltas, y que a los otros seis procesados se les impusiese tres meses y un día de cárcel. Una vez que las partes acuerden sobre el asunto penal, intentarán llegar a una conformidad sobre las indemnizaciones.

El fiscal solicitó en su informe que los ocho procesados fuesen castigados con dos años y siete meses de cárcel, mientras que las acusaciones particulares -hay 27- exigían hasta seis años de prisión para algunos de los sospechosos. La Fiscalía también demandaba en su escrito de calificación que indemnizasen a cada una de las familias de las víctimas con 90.151 euros y a los propietarios del edificio y del teatro sobre los que cayó la grúa, ya que sufrieron daños tasados en 60.000 euros. Las acusaciones tuvieron en cuenta cuando aceptaron la rebaja de las condenas la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas, ya que los hechos sucedieron hace ocho años y el juicio se retrasó por causas ajenas a los procesados.