La última semana de enero, el Ayuntamiento demolió en Eirís seis viviendas en la zona en la que está prevista la construcción del parque ofimático, pero solo unos días más tarde la Xunta emplazaba a todas las partes interesadas en este proyecto para que compareciesen en el juzgado coruñés en el que se presentó un recurso contra el proceso de reversión de las fincas que componen este polígono a sus antiguos propietarios. Esta iniciativa judicial no es sino una nueva dificultad en la interminable tramitación de esta actuación urbanística, que fue aprobada por el Ayuntamiento en 1993, el mismo año en el que el Gobierno gallego ordenó la ocupación urgente de los terrenos. No es el único proyecto que se halla en esta situación, ya que el de San Pedro de Visma también acumula largos años de espera por el comienzo de sus obras.

El plan que debía permitir la instalación en Eirís de 500 empresas en un entorno marcado por el empleo de tecnologías avanzadas durmió el sueño de los justos durante años, hasta que las administraciones local y autonómica convinieron en transformarlo en un polígono residencial. Fue entonces cuando los expropiados se consideraron perjudicados, al entender que se había variado el objetivo de la expropiación y que por lo tanto tenían derecho a recuperar sus fincas. Tras años de litigios, la Justicia les dio finalmente la razón, precisamente cuando todo parecía listo para que comenzasen las obras.

Los promotores que habían adquirido suelo en la zona y las cooperativas de viviendas constituidas para levantar edificios en el ofimático se vieron afectados por esta resolución judicial. Los expropiados añadieron además que se les habían pagado unas cantidades inferiores a las que cabría recibir teniendo en cuenta el nuevo fin que se iba a dar a sus parcelas. El Diario Oficial de Galicia publicó ayer los justiprecios fijados por el Jurado de Expropiación para fincas que habían sido adquiridas en principio con fines industriales y que la Xunta valoró de nuevo tras la exigencia de su devolución. El organismo mantiene en 204 euros por metro cuadrado el precio medio del suelo en ese lugar, por lo que siete expropiados recibirán casi cuatro millones de euros por sus antiguas propiedades.

Pese a este conflicto, el Ayuntamiento comenzó en diciembre las obras de urbanización y el realojo de algunos de los vecinos que continúan en la zona, en algunos casos casi veinte años después de haber sido expropiados. También la Xunta aprobó ya el plan arqueológico para el polígono, sobre el que persiste la incógnita acerca del momento en que se iniciará la construcción de las ansiadas viviendas.

La ronda de Outeiro y la tercera ronda son las vías que delimitarán en el futuro el polígono de San Pedro de Visma, proyectado en los años noventa para albergar 2.900 viviendas libres y 1.100 protegidas pero que también está inmerso en litigios. El pasado mes de enero, la Junta de Gobierno Local desestimó 16 recursos de reposición interpuestos contra la aprobación definitiva del proyecto de compensación, pero esa decisión no pone fin al proceso, puesto que algunos de los afectados han optado por la vía contencioso administrativa, lo que retrasará aún más esta iniciativa.

Tanto en el ofimático como en Visma, los empresarios inmobiliarios no tienen una excesiva prisa en comenzar las obras de edificación, ya que la parálisis del mercado aconseja posponer esta clase de proyectos. Pero en el primero de estos polígonos, los cooperativistas se consideran gravemente perjudicados por el bloqueo de esta actuación, ya que se ven obligados a abonar los alquileres de sus residencias actuales al tiempo que financian el coste de sus futuras viviendas, cuya fecha de puesta en marcha todavía desconocen.