El Concello sacará a concurso el alquiler de las 64 viviendas municipales que están actualmente desocupadas, de las 319 que posee la Administración local. Los ingresos de la unidad familiar, que no podrán superar el doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), será el criterio fundamental para la adjudicación del arrendamiento, así como que el solicitante esté empadronado en A Coruña en los últimos cinco años, que esté inscrito en el registro de demandantes de viviendas de promoción pública, y que no tenga otra vivienda en propiedad. "Se pondrá criterio donde antes había arbitrariedad. Antes se daban con total discrecionalidad, a dedo", denunció el alcalde, Carlos Negreira.
La ausencia de un baremo para permitir la utilización de los pisos fue la razón que esgrimió el alcalde para la convocatoria del concurso público -que se decidió ayer en junta de gobierno-, aunque el informe de la Concejalía de Medio Ambiente, apunta a la escasez de este tipo de residencias para personas con pocos recursos y a la necesidad de que las condiciones para acceder a ellas sean "restrictivas". "Las viviendas disponibles no son muchas para las necesidades de la ciudad", apuntan los técnicos del departamento, que también prevén que se "recuperen" de forma "paulatina" algunos de los pisos ocupados, 255 en la actualidad.
El regidor explicó que fallecimientos de los inquilinos o traslados de ciudad provocan que algunos inmuebles queden vacíos y se puedan volver a poner a disposición de alguna familia que lo necesite. Los funcionarios de Medio Ambiente también justifican la elaboración de una lista de posibles adjudicatarios en la "agilización" que supondrá la entrega de viviendas que queden vacantes. El concurso público establece que el período de alquiler será anual, con la posibilidad de prórroga hasta cinco años. Después de este tiempo, añade el informe, el arrendatario tendrá que demostrar que sigue cumpliendo las condiciones exigidas. "Ojalá las familias tengan en poco tiempo un salto cualitativo en su renta y puedan abandonar las casas y dejarlas a otras familias que lo necesiten", explicó Negreira.
El Concello realizará pequeñas reformas en algunas de las viviendas por lo que el alcalde prevé que antes de que finalice el mes de abril se podrán ocupar las primeras 40. Desde la publicación del acuerdo de la Junta de Gobierno local en el Boletín Oficial de la Provincia, se abrirá un plazo de un mes para presentar las solicitudes. El Ayuntamiento disponía de 51 viviendas en Eirís y 16 en Mesoiro, pero de este lote se deshizo de 17 en concepto de derechos de realojo de expropiaciones y de 5 para necesidades de la Concejalía de Servicios Sociales. Además, en el grupo de viviendas Virgen del Carmen el Concello tiene 15 pisos, otros tres en Os Rosales y uno en la calle Veramar.
De los 64 pisos disponibles, el regidor anunció que algunos de ellos se reservarán para casos urgentes que pudieran surgir. Y es que la ley de vivienda de Galicia, en su artículo 53, tal como refleja el informe municipal, establece que puede realizar una adjudicación "directa" de los pisos en alquiler en situaciones derivadas de expropiaciones, ejecución de desarrollos urbanísticos, violencia de género o situaciones de pérdida de vivienda.
El grupo municipal del BNG pidió ayer que el número de viviendas ofertadas para personas sin recursos se complemente con la bolsa de alquiler de la Xunta. Los nacionalistas exigen que exista más colaboración entre administraciones y que el Gobierno gallego agilice las listas de espera de este programa para fomentar el arrendamiento ya que, dicen, ahora se tarda hasta un año en conseguir un piso.
La junta de gobierno también aprobó la inversión de 400.000 euros para el programa talón restaurante, que posibilitará el aumento en un 60% del número de usuarios, y la licitación de la gestión del servicio de ayuda a domicilio por valor de un millón de euros anuales durante dos ejercicios. Otro de los asuntos que tuvieron luz verde en la reunión del órgano de gobierno fue la convocatoria de las subvenciones a entidades sociales de interés social, cuya inversión asciende a 120.000 euros, y a organizaciones de ayuda al exterior, que contará con un presupuesto de 140.000 euros.
