El Ayuntamiento deberá aprobar un plan de ajuste que garantice la devolución del crédito de 7,6 millones de euros concedido por el Gobierno central para pagar facturas pendientes a proveedores. El real decreto por el que el Ejecutivo estatal ofrecía estos préstamos obliga a los gobiernos locales a elevar al pleno, antes de que finalice este mes, un programa que contemple las medidas que llevará a cabo para abonar las cuotas. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas propone la subida de impuestos o la reducción del coste en personal, aunque el Ayuntamiento evitó ayer aclarar cuál será el sistema que incluirá su plan de ajuste. Fuentes municipales afirman que la Concejalía de Hacienda todavía trabaja en el documento.
El documento deberá justificar que los ingresos del Concello son "suficientes" para amortizar la operación en los próximos diez años y recoger el coste y el método de financiación de los servicios públicos, así como las "reformas estructurales" que se decidan para sanear las cuentas públicas. El Gobierno central propone una veintena de medidas para incrementar la entrada de dinero en el Concello y para reducir los gastos. Entre el primer tipo de actuaciones, destaca la subida de impuestos y la supresión de exenciones y bonificaciones, y el refuerzo de la inspección tributaria y la recaudación.
De las decisiones relacionadas con los desembolsos de la administración local, el Ministerio de Hacienda sugiere la reducción de costes de personal a través de, añade, "reducción de sueldos o efectivos"; la limitación del número de directivos o miembros de los consejos de administración de empresas públicas; la reducción del personal de confianza; la disolución de compañías municipales o la no ejecución de inversiones previstas. El Gobierno local no desveló ayer si adoptará alguna de estas medidas, aunque la corporación tendrá que aprobar el plan de ajuste antes del 31 de marzo en pleno.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) recuerda a los Concellos, a través de una nota, que la ausencia de este requisito supondrá la retención de los fondos a través de la participación en los tributos del Estado y apunta que la obligación de confeccionar el plan responde a que aquellos Ayuntamientos que han solicitado el crédito tienen una "situación económico-financiera con necesidad de acudir a una operación de endeudamiento". Los responsables del organismo estatal también destacan que el documento debe establecer medidas "por el lado de los gastos y por el lado de los ingresos, para que la entidad local genere capacidad para financiar tanto sus gastos corrientes como la amortización derivada de la operación de endeudamiento". La FEMP alerta de que si durante el plazo de pago del crédito existe remanente de tesorería negativo -si existe a final de año un balance negativo en las cuentas-, el Concello no podrá realizar inversiones nuevas en el siguiente ejercicio financiadas a través de un préstamo.
La Diputación presumió ayer de que su situación financiera le exime de tener que acudir a un préstamo como el que pidió el Ayuntamiento coruñés. La institución provincial señala que está al día del pago del 98,96% de las facturas y que la media de abono de los recibos es de 32 días. El presidente de la administración, Diego Calvo, prevé que este plazo aún pueda reducirse en los próximos trimestres de este año.
El dirigente provincial recordó que la institución adelantó este mes el pago de los tributos que recauda a los Concellos correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo para que pudieran pagar las facturas pendientes y no verse obligados a pedir el crédito al Gobierno central. En total, la Diputación desembolsó 25 millones de euros a los municipios.
El PSOE y el BNG criticaron ayer que el Gobierno local pidiera el crédito de siete millones de euros para pagar a proveedores porque consideran que resultaba innecesario acudir a esta opción que ofreció el Ejecutivo central. Los socialistas consideran que la cantidad demuestra que la deuda que denunció el equipo de Gobierno al inicio del mandato "no era tal". "Si solicita poco más de siete millones es porque el resto ya lo ha pagado y había liquidez para hacer frente a los pagos comprometidos y reconocidos", explica el PSOE, que califica de "mentira orquestada" las declaraciones del alcalde de que la deuda del Concello era "desorbitada".
El grupo socialista presentó ayer por registro una petición de la copia del expediente para conocer al detalle las facturas que se abonarán con la cantidad solicitada al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y hacer un análisis de la necesidad de haber recurrido al mismo. Aunque esperarán a conocer el informe para aclara el sentido de su voto en el pleno, el PSOE insiste en que las arcas municipales estaban "saneadas" cuando abandonaron María Pita y que esta situación permitía "hacer frente a los pagos con total garantía".
Los que sí tienen decidido el voto en contra en la sesión plenaria son los concejales del BNG, que denuncian que el crédito supone "más recortes" en los servicios públicos y medidas "regresivas" para la ciudadanía. Los nacionalistas consideran incoherente que el Gobierno local pida este crédito cuando, dice, practica una "política de dilapidación de dinero público". Como ejemplo de esta situación, el portavoz del grupo, Xosé Manuel Carril, apunta a las obras de O Parrote, la supresión del carril bus o la retirada de la mediana en la avenida de General Sanjurjo.
Carril califica el plan de ajuste de "plan de reconversión" del Concello y critica que afectará a las prestaciones municipales. Alerta de que podría implicar una subida de impuestos o reducción de personal.
