La existencia de sentencias del Tribunal Supremo emitidas en los últimos años que reconocen la posibilidad de que los ayuntamientos limiten la instalación de antenas de telefonía móvil lleva al grupo municipal del BNG a exigir al Gobierno local que mantenga las restricciones de la ordenanza coruñesa, algunos de cuyos artículos fueron anulados por un fallo del Supremo del 24 de abril.
Los nacionalistas recuerdan que un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) recoge que a partir de una sentencia del 17 de noviembre de 2009 el Supremo ha variado su postura acerca de la regulación de las antenas por los ayuntamientos, de forma que admite el establecimiento de áreas de protección en el entorno de "zonas sensibles" como hospitales, colegios o zonas verdes. El BNG exige que se mantengan estas restricciones y rechaza que el Ejecutivo municipal pretenda ahora adaptar la ordenanza coruñesa al texto elaborado por la FEMP en 2008, al que considera "anacrónico", ya que la propia federación advirtió en un informe de 2011 sobre el cambio introducido por el Alto Tribunal en su jurisprudencia sobre la telefonía móvil.
El Bloque aclara además que la sentencia sobre la ordenanza coruñesa no anula los artículos referidos a la distancia mínima a lugares sensibles, ya que el Supremo solo confirma la anulación efectuada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por no haber sido recurridos por las empresas del sector, lo que según esta formación no implica que el Supremo los considere ilegales.
