Los sistemas de videovigilancia les han salido muy caros a los transportistas que, por su trabajo, se ven obligados a estacionar en zonas como la plaza de Galicia, por las que discurre la vía prioritaria habilitada en las calles que antes surcaba el carril bus. Miembros del colectivo, que mantuvieron ayer una reunión con concejales del BNG, aseguran tener que afrontar cantidades de hasta 4.000 euros debido a las sanciones correspondientes, supuestamente, a infracciones que los agentes municipales han detectado gracias a las polémicas cámaras.
Uno de los transportistas afectados denuncia el problema de las multas en una carta remitida al concejal de Seguridad y Movilidad, Julio Flores. El autor de la misiva, aunque habla en primera persona y relata su caso, dice actuar en nombre de todos su compañeros al explicar que, si los transportistas se ven obligados a incumplir la normativa sobre estacionamiento, es porque hay pocas zonas de carga y descarga y porque, las que hay, están frecuentemente ocupadas por vehículos de particulares que no pueden utilizarlas.
"Sufrimos a diario las consecuencias de la ocupación de zonas reservadas a carga y descarga por vehículos no autorizados. Además, estas zonas son escasas y de pocas plazas para el gran número de transportistas que cumplimos con este servicio en la ciudad", expone en la carta.
El colectivo también precisa que prácticamente la totalidad de los estacionamientos por los que han sido sancionados no suponían ningún obstáculo para los otros vehículos que circulaban por la vía y se prolongaron durante un escaso espacio de tiempo. "Mi vehículo no entorpece la circulación de los dos carriles que hay en ese tramo, ya que el único aparcamiento que realizo, siempre breve y para entregas y recogidas rápidas, se sitúa en un punto paralelo al espacio reservado para motos que, insisto, no invade ningún carril de circulación", expone el autor de la misiva sobre su caso particular.
Este mismo transportista explica en la carta dirigida a Julio Flores que un agente municipal se presentó en su domicilio el 29 de marzo para que se pusiera en contacto con el 092, algo que hizo. Al otro lado de la línea, supuestamente, le dijeron que había incumplido la normativa de la vía prioritaria, aunque le aclararon que solo se trataba de una advertencia y que, en ningún caso, recibiría sanción alguna de no volver a hacerlo.
La sorpresa para este transportistas llegó, según él mismo explica en la misiva, cuando, mes y medio después de su conversación con el 092, recibió en su domicilio ocho notificaciones de denuncia, por un importe total de 1.600 euros y relativas a hechos ocurridos entre el 12 y el 28 de marzo, es decir, antes de las palabras de la Policía Local que, supuestamente, únicamente eran una advertencia que no incluiría multas.
El grupo municipal del BNG, tras su reunión de los transportistas, expuso que, el principal problema de la videovigilancia, es que el sistema controla los estacionamientos que se prolongan durante más de tres minutos, pero no hace distinciones entre los vehículos de particulares y los de los trabajadores de reparto.
En respuesta a las críticas de los transportistas, de las que se han hecho eco los ediles nacionalistas, el Gobierno local responde que ha incrementado en un 40% las plazas para carga y descarga en la vía prioritaria videovigilada. El concejal Julio Flores recordó que, durante la etapa en el Gobierno local de nacionalistas y socialistas, había en la plaza de Galicia un carril bus que impedía cualquier tipo de estacionamiento.
El primer teniente de alcalde dice conocer los problemas de los transportistas, pero precisa que la normativa debe aplicarse con el mismo celo para todos los conductores. "Lo que no podemos hacer es un traje a medida de cada persona. No vamos a permitir que no se cumplan las normas", declara.
