Tengo la sensación de que somos muchos los ciudadanos que compartimos la idea del presidente Feijóo sobre la reducción del número de diputados de los parlamentos autonómicos. Incluso creo que somos mayoría los que pensamos que sería oportuno que las diputaciones desaparecieran, que se repensara la viabilidad del Senado y que se acabara con las televisiones y radios autonómicas y municipales desperdigadas, por cientos, por todo el territorio español.

Lo que el presidente Feijóo ha reconocido con su propuesta es que los diputados autonómicos no tienen carga de trabajo y es por ello que no tiene sentido mantenerlos. Es cierto que la productividad legislativa de los parlamentos autonómicos es muy reducida y, generalmente, su trabajo consiste en adaptar para la comunidad las Leyes Generales del Estado que nacen en el Congreso de los Diputados. Sus señorías autonómicas cobran un dineral por realizar, fundamentalmente, tareas de partido. Por si fuera poca la subvención que los partidos políticos reciben de los impuestos públicos, cerca de 75 millones de euros, les premiamos con un montón de liberados sin tarea pública pero con sueldazo. Por esto, si el presidente Feijóo es consecuente, debía de promover con su mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia el cese de los sueldos generalizados de sus diputados y reducir a tres o cuatro dedicaciones exclusivas que beneficiarán en cada grupo parlamentario a aquellos que sí realizan una tarea concreta. El resto podría cobrar por asistencia a plenos o comisiones una cantidad razonable que se alejaría, con mucho, de las cantidades que perciben en la actualidad. En resumen si sobran, como dice Feijóo, que no cobren. Porque la verdad es que a los ciudadanos no nos preocupa tanto el número de diputados como lo que nos cuestan y por lo tanto si no cobran entenderemos mejor la honorabilidad de su compromiso con la sociedad. ¿O están por el sueldo?

Habrá quien piense que este artículo no es más que un pensamiento filosófico y algunos me tacharán de demagogo. A unos y a otros les daré un dato concreto que podrá ayudarles a reflexionar, sin acritud, sobre la propuesta que aquí hago. En el Parlamento autonómico de Extremadura durante las seis legislaturas que gobernó el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, los diputados no percibían ningún sueldo. Sus remuneraciones se circunscribían a sus asistencias a los plenos y a las comisiones de trabajo. Fueron tiempos de gran actividad legislativa de aquel Parlamento. Retirado de la política activa, por decisión propia, el señor Rodríguez Ibarra pasó el testigo presidencial a su compañero de partido el señor Fernández Vara, un fiasco, quien decidió implantar el sueldo generalizado para todos los diputados. El señor Fernández Vara, don Guillermo, duró una legislatura y el Parlamento, remunerado, fue el de menor producción legislativa en la historia del Parlamento extremeño.

Queridos lectores; más allá de las ideologías políticas que cada uno tengamos les pido una reflexión serena sobre la propuesta que aquí hago. Recuerden que la situación por la que pasamos los españoles es producto de la ineficacia, de la incapacidad e incluso de la mediocridad que muchos diputados de los que cobran mensualmente han aportado a la gestión pública desde la que se manejan los fondos que aportamos entre todos. Sirva también este aviso para alcaldes y concejales que a pesar de sus sueldos y los múltiples asesores contratados a dedo son incapaces de ejecutar los presupuestos que ellos mismos elaboran. Curiosamente la crisis no afecta a estos munícipes que cobran sueldos que jamás soñaron en su actividad profesional, si es que la tienen, al margen de la política.

Un último apunte más próximo. Un diputado del primer Parlamento de Galicia llamado José González Dopeso que después fue presidente de Unión Coruñesa, tampoco percibía sueldo alguno en su calidad de diputado y solo cobraba por sus traslados a Santiago y por la asistencia a plenos y comisiones. Para él era un honor servir a los gallegos sin suponer una carga para ellos.