El Ayuntamiento se da hasta fin de mes para ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre el edificio Fenosa. A finales de mayo de este año, el Alto Tribunal dio un ultimátum al Ayuntamiento coruñés para que legalizase o denegase una nueva licencia al edificio. En esta resolución, la sala dice, en el segundo apartado de su parte dispositiva, que el trámite "de legalización ya iniciado debe culminar con el otorgamiento o denegación de la nueva licencia, antes del 15 de septiembre de 2012".

El tercer punto de la resolución del incidente de ejecución dice que la entidad local o su representante procesal debe informar, antes del 15 de julio -la sentencia es de mayo- sobre el estado del procedimiento de legalización y, "antes del 30 de septiembre de 2012, sobre su resolución definitiva" bajo pena de que se le imponga, al director del área de Urbanismo, a quien el fallo señala como responsable de ejecutar la sentencia, una multa de 500 euros.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento interpretan que este punto les da un plazo de dos semanas más para no tomar esta importante decisión, que puede afectar no solo al edificio sino a las arcas municipales, hasta el último día de este mes, en lugar de tener que emitir su decisión el próximo sábado.

El último punto de las disposiciones de la sala contempla las dos decisiones que puede tomar el Gobierno local: la denegación del permiso y "el otorgamiento de tal licencia", en ese caso, tendrá que ir seguido de la apertura de un incidente "para resolver lo que proceda sobre la inejecutabilidad del fallo".

Deja también la sala la vía abierta para que la resolución se produzca fuera de plazo y asegura que "supondrá la orden de demolición de las obras de rehabilitación amparadas en las licencia anulada".

Si se cumpliese este extremo, el edificio Fenosa volvería al estado que tenía antes de que se concediese la licencia de reforma de 1997. El Concello solicitó a Fadesa, la empresa encargada de ejecutar los añadidos, un proyecto de reposición de legalidad para otorgar el permiso. Los demandantes criticaban el mayo pasado las estrategias "dilatorias" de los dos equipos de Gobierno de María Pita, el anterior socialista y el actual del PP.