La Fiscalía solicita una pena de nueve años de prisión para un electricista y para su esposa por haber engañado a marroquíes a los que, supuestamente, trajeron a España a cambio de que, cada uno de ellos, pagara 10.000 euros y bajo la promesa de que les darían trabajo durante al menos un año y a los que, al poco tiempo de contratarlos y empadronarlos, los dieron de baja de la empresa de su titularidad, llegando a falsificar para ello la firma de las víctimas.
El representante del Ministerio público explica que el acusado, que contó en todo momento con la colaboración de su esposa, ideó el plan para enriquecerse a costa de los inmigrantes con la ayuda de una tercera persona, de nacionalidad marroquí, que no ha podido ser localizada y que se encargaba de captar a las víctimas, a las que les ofrecía la posibilidad de entrar en España de forma legal y a través de una oferta de trabajo en la empresa del procesado.
"El acusado, al idear el mencionado plan, desde un principio faltaba a la verdad y actuaba con ánimo de hacer creer a los trabajadores que contrataba que la finalidad de ello era darles un empleo estable, cuando eso no era así, como el acusado bien conocía desde un primer momento", expone el fiscal en su escrito de acusación.
La Fiscalía incide en el gran esfuerzo que tenían que hacer las víctimas del engaño para abonar los 10.000 euros que el acusado les exigía a cambio de la tramitación de toda la documentación necesaria para su entrada en el país. "Procedían a pagar, haciendo para ello un importantísimo esfuerzo económico, por ser personas con pocos recursos y en situaciones de necesidad y vulnerabilidad, pero con la confianza de que, al poder vivir y trabajar en España, sus posibilidades económicas fueran a mejorar sustancialmente", expone en su escrito de acusación.
El procedimiento que supuestamente seguía el acusado era el de contratar a los inmigrantes para, a los pocos días de estar estos en España, darlos de baja a través de bajas voluntarias para las que él mismo o su mujer falsificaban la firma.
El fiscal explica que los casos en los que el matrimonio y su colaborador completaron este engaño "fueron numerosos", aunque precisa que únicamente se ha podido localizar a cinco trabajadores concretos que lo han sufrido.
El procedimiento fue prácticamente el mismo en los cinco casos que aparecen recogidos en el escrito de acusación de Fiscalía. Todos los inmigrantes localizados viajaron de Marruecos a Castellón y, desde allí, a A Coruña. Uno de ellos, el último, llegó a efectuar un viaje más, al desplazarse de A Coruña a Mallorca por ser en la ciudad balear donde el acusado le dijo haber encontrado un trabajo para él.
Todos pagaron los 10.000 euros y todos quedaron desempleados, supuestamente, de la misma manera: después de que el procesado simulase una baja voluntaria, imitando, por sí mismo o con la ayuda de otras personas, la firma del trabajador. El representante del Ministerio público informa de que los inmigrantes, una vez sin trabajo, quedaban en una situación de indefensión, "totalmente desamparados, sin trabajo y sin recursos".
El último de los trabajadores engañados llegó a denunciar las condiciones en las que se encontraba tras haber trabajado en Mallorca, durante algunos días, para el acusado, llegando a recibir, por parte del mismo y de su entorno, diversas presiones, entre las que estuvo una oferta de 200 euros a cambio de que retirara la denuncia.
El fiscal considera que, tanto el acusado como su esposa, merecen una condena de nueve años de prisión -siete por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y dos por el de falsedad documental- y que ambos deben indemnizar a las víctimas con 75.000 euros -15.000 a cada uno-.
