La Fiscalía solicita dos años y diez meses de prisión para cada uno de los nueve procesados como responsables de un accidente mortal que sufrió un trabajador de las obras del puerto exterior el 19 de julio del año de 2005. La víctima del siniestro perdió la vida al precipitarse al mar el camión que conducía desde una pista de tierra que intentaba asegurar y contra la que batía un fuerte oleaje. El Ministerio público considera que los acusados, todos ellos encargados de velar por la seguridad o de supervisar y dirigir los trabajos, obviaron poner en marcha las pertinentes medidas de señalización y protección, a pesar de conocer la peligrosidad de la zona y la posibilidad de que ocurrieran siniestros como que el que acabó con la vida de Víctor Manuel Martínez Alvarellos, de 60 años.
El fiscal añade que, a los riesgos que la zona donde se realizaban las obras entrañaba de por sí, se sumó el hecho de que trabajadores de dos empresas concesionarias operaban en ella al mismo tiempo, sin que ninguno de los acusados se hubiera preocupado de establecer los mecanismos necesarios para evitar que hubiera problemas de descoordinación.
En concreto, el Ministerio público expone que los acusados "no pusieron de relieve los peligros derivados de la concurrencia de diversas empresas en la misma zona de trabajo, sin establecer un sistema claro de órdenes para los operarios, ni advertir de los riesgos derivados de la falta de señalización de áreas de obra en que los trabajos hubiesen finalizado o se hubiesen suspendido".
Algunos de los acusados trabajaban para una empresa contratada por la Autoridad Portuaria para encargarse de la asistencia precisa en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. Entre estos procesados están el coordinador de seguridad y salud y el técnico de prevención de riesgos, a los que el fiscal acusa de no haber previsto la necesidad de balizamiento a pesar de conocer los riesgos de descargar materiales en zonas próximas al mar.
Entre los procesados están también un jefe de obra y dos encargados de los turnos, designados por la misma empresa, que están igualmente acusados de no haber alertado de los riesgos y de la falta de medidas de seguridad a pesar de conocer el peligro existente.
El fiscal relata en su escrito de acusación que, en mayo de 2005, se iniciaron los trabajos para ganar terreno al mar mediante movimientos de tierras, tarea para la que era necesario obtener y transportar la arena que había en dos canteras. Para este cometido, la Autoridad Portuaria contrató a una segunda empresa, a la que pertenecían los otros cuatro acusados.
Como en los procesados de la primera de las compañías contratadas por el Puerto, el fiscal apunta que ninguno de los responsables de la segunda empresa adoptaron las medidas de seguridad necesarias para hacer frente a la potencial peligrosidad de la zona y para evitar posibles riesgos relacionados con la falta de coordinación con la otra compañía subcontratada.
Dos de los acusados, según informa el representante del Ministerio público, se encontraban "a pie de obra" cuando ocurrió el accidente, algo a lo que alude el fiscal para apuntar que ambos "eran conscientes de las condiciones en que las obras se ejecutaban".
Los trabajos para el relleno se desarrollaban en dos zonas y, según explica el fiscal, el fallo concreto que desencadenó el accidente fue el cometido por dos responsables de prevención que, cuando una de estas dos zonas se cerró a las obras debido a las condiciones meteorológicas y del mar, no ordenaron señalizarla debidamente para que ninguno de los trabajadores de la otra zona accedieran a ella por error.
"No calcularon debidamente los riesgos derivados de la falta de balizamiento de la zona para impedir que ningún trabajador accediese a dicha zona y tampoco evaluaron adecuadamente el debilitamiento y la destrucción que, en condiciones adversas, podría causar el mar. La Fiscalía considera que los nueve acusados son autores de un delito de homicidio por imprudencia grave y, además de los dos años y diez meses de cárcel, propone que paguen multas de 3.000 euros.
