El Ayuntamiento, nueve años después de la aprobación de la ley de grandes ciudades, sigue sin poner en marcha la división en distritos, el consejo social y el defensor del vecino, incumpliendo así lo que establece la normativa. Tanto el consejo social como la división en distritos fueron definidos y aprobados por el Ayuntamiento, con Francisco Vázquez como alcalde, en 2004, año en el que entró en vigor la ley pero ni el Gobierno local de Javier Losada ni ahora el de Carlos Negreira dieron pasos para que lo que está recogido sobre el papel tenga un reflejo en la realidad. LA OPINIÓN consultó hace dos semanas al actual Ejecutivo local si se propone desarrollar el cumplimiento de esta ley, pero éste todavía no ha dado una respuesta.

La ley de grandes ciudades obliga a las urbes a emprender estas actuaciones para garantizar la participación de los vecinos. El anterior Gobierno local, a través de la entonces concejal de Participación Ciudadana, la nacionalista Margarida Vázquez, había justificado la tardanza en la aplicación de estos aspectos de la legislación argumentando que "implementar la cultura de participación en el Concello" es un objetivo "que no se consigue de la noche a la mañana".

El Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de A Coruña, documento que define las características de los organismos para fomentar la intervención de los vecinos en la política municipal, define al Consejo Social Coruñés como un ente "que goza de plena independencia" y que tiene como objetivo "permitir la participación de las principales organizaciones económicas y sociales del municipio en los campos del desarrollo local y la planificación estratégica".

Este organismo de participación, según recoge el texto aprobado por el Concello en 2004, debería celebrar un pleno cada cuatro meses y estaría integrado por los exalcaldes de la ciudad, por un representante de cada una de las tres fundaciones de mayor interés general del municipio, por portavoces de los sindicatos, por dirigentes de asociaciones de vecinos y consumidores y por los presidentes de instituciones como la Cámara de Comercio, la Universidad, el Hospital Universitario y la Autoridad Portuaria.

El consejo, de cumplirse las disposiciones que están redactadas, tendría un mandato equivalente al de la Corporación que nombró a sus miembros -algunos de los componentes del órgano de representación son designados por el alcalde, mientras que otros forman parte de consejo a propuesta de entidades-.

Entre las competencias del Consejo Social Coruñés están la de emitir dictamen sobre el plan general y sobre los principales proyectos de infraestructuras con presupuesto superior a diez millones de euros y elaborar diversos informes para su presentación al Ayuntamiento acerca de la situación económica y social de la ciudad.

La normativa municipal aprobada en 2004 recoge también las disposiciones relativas a la división de la ciudad en distritos, algo que también establece la ley de grandes ciudades como fórmula para facilitar la participación de los vecinos en la actividad municipal. "Los distritos municipales son órganos territoriales para la desconcentración de la gestión municipal y sirven de cauce a la participación ciudadana", recoge el documento.

Los dos distritos que aparecen en el reglamento de 2004 que aún no ha empezado a funcionar son el de Pescadería y el de Oza. Ambos dispondrían de organismos de representación propios, como la concejalía de distrito y los consejos de distrito que se encargarían de llevar al Ayuntamiento las propuestas vecinales, y tendrían capacidad para decidir el destino del 5% de la inversión municipal en obras y proyectos cada año.

El anterior Gobierno local, para justificar el retraso en la aplicación de la división en distritos, aludió a la crisis económica, que supuestamente impedía abordar los costosos trámites que conlleva tal actuación. En abril de 2010, la edil Margarida Vázquez había asegurado "no tirar la toalla" en referencia a la posibilidad de poner en funcionamiento los distritos ese mismo año. Sin embargo, a día de hoy y con un nuevo Gobierno local, el Ayuntamiento todavía no ha dado paso alguno para comenzar a aplicar lo que marca la Ley de Grandes Ciudades y lo que establece el reglamento municipal de 2004.