La jefa de sección de Actividades Urbanísticas entre 1998 y 2005, Beatriz Mariño Vila, que en la actualidad es responsable del departamento de Gestión del Ayuntamiento, admite que la venta de edificabilidad municipal en Someso durante la etapa de Francisco Vázquez en el Gobierno respondió a motivos políticos. "La razón por la que se vendió era para financiar la tercera ronda y otras expropiaciones. Fue una decisión más política que técnica. En otros casos se consultaba. Y en este caso fue más una decisión política, lo decidió la Corporación", testificó la dirigente de Urbanismo durante el proceso de indagación abierto por el Ejecutivo local para examinar las supuestas irregularidades cometidas en Someso.
La investigación, de la que el Ejecutivo local informará a la Corporación municipal en el pleno que se celebrará hoy, es contundente al afirmar que durante el proceso de ejecución del desarrollo urbanístico de la zona -entre finales de los años 80 y principios de los 90- la administración local cometió numerosos errores que costarán a los coruñeses alrededor de 50 millones.
El Concello, según el documento, vendió edificabilidad a la Junta de Compensación, presidida por Fontenla. Así, le cedió 1.950 metros cuadrados de vivienda libre para que pudiese transformarlos en suelo para pisos de protección. El informe concluye que se los entregó a precio de suelo protegido -323 euros metro cuadrado-, en lugar de "establecer algún tipo de factor corrector", ya que el suelo libre estaba valorado en 835 euros el metro cuadrado. El Ayuntamiento, además, aceptó pagar los gastos de urbanización. En la operación las arcas municipales perdieron 1.129.757 euros. Las condiciones de la venta ejecutada por el Gobierno de Vázquez a la Junta de Compensación también fueron incumplidas, ya que las parcelas deberían tener como destino viviendas protegidas y tendrían que finalizarse en el plazo de dos años.
Arturo Abad Pardo, uno de los responsables de Gestión del Suelo cuando sucedieron los hechos, sostuvo que desconoce por qué el Ayuntamiento no incorporó al inventario algunas de las fincas que había adquirido en Someso, lo que provocó su pérdida, ya que, según explica el informe, ocho promotores las incorporaron como suyas al proyecto de compensación. El Ejecutivo de Vázquez, según el escrito, contaba con los documentos que demostraban que había adquirido los terrenos pero no los usó. Las 21 parcelas que del Ayuntamiento fueron aportadas después por Caixa Galicia, Home Galicia, Vallehermoso, Multiveste y Uneda, Construcciones Fontenla, Marte SL y Ferisa. "Nadie incorporó ese expediente", indicó Abad Pardo, al tiempo que admitió que había "mucha prisa y presión" para que los expedientes se inscribieran "pronto" en el registro de la propiedad. El testigo aseguró que el Gobierno local trató de defender "siempre" la titularidad de las fincas. "Si no estaba claro era muy difícil defender la posición municipal", puntualizó.
El certificado que forma parte del expediente en el que se afirma que los solares fueron adquiridos por expropiación carece de validez, según el informe, porque no está firmado por el secretario municipal aunque en el encabezado figura su nombre y sus apellidos. El estudio señala que el documento "no responde a la realidad y no tiene valor como certificado", ya que no está firmado por el secretario, tal y como establece la normativa. La persona que firmó documentos que encabeza el secretario alegó que no pensó que el escrito que rubricaba era el certificado.
