El estudio de arquitectura que diseñó la residencia pública universitaria de Elviña acudirá al juzgado de lo Contencioso-administrativo por la eliminación del proyecto. La empresa AQ4 Arquitectura demandará a la Xunta para que se le compense por los "daños y perjuicios" sufridos tras la rescisión del contrato de dirección de una obra a la que el Gobierno gallego decidió renunciar. El Consello Consultivo avaló la anulación del acuerdo pero abrió la puerta a que la firma de arquitectos pudiese solicitar esa indemnización. El conselleiro de Medio Ambiente sentenció en una entrevista a este periódico que este equipamiento para A Coruña "no contará con más aportación financiera" de su departamento.
En noviembre de 2011, la Xunta renunció definitivamente al proyecto de la residencia de Elviña, por el que el Instituto Galego de Vivenda e Solo llegó abonar 669.000 euros, en virtud de un contrato firmado por el Ejecutivo gallego de BNG y PSOE. El motivo que alegaron fue el de abaratar los costes del proyecto.
Y, aunque la firma de arquitectos se sentó a hablar con los responsables autonómicos para proponerle una serie de modificaciones que redujesen su coste, el Gobierno de San Caetano ya había tomado la decisión de realizar un nuevo concurso público para redefinir el plan. El Instituto de Vivenda desechaba la gestión pública y optaba por un régimen de concesión, algo que rechazó el Rectorado de la Universidad coruñesa, al entender que A Coruña seguía siendo la única entidad gallega sin residencia pública.
El estudio de arquitectura -al que se le adjudicó el diseño de complejo y la dirección de obra- realizó una reclamación a la Administración autonómica de la que, denuncian, no han recibido respuesta alguna. Por eso, agotada la vía administrativa, el asunto acabará en los tribunales, según explicaron fuentes del estudio.
Los arquitectos siempre han mantenido que la decisión de la Xunta fue absolutamente "política" más que un problema presupuestario, ya que cuando las autoridades calificaron el proyecto de "desorbitado" ofrecieron diversas posibilidades como "introducir las modificaciones necesarias" para abaratar el coste de la obra, suspender el contrato hasta que existiese crédito o construir el complejo residencial en Elviña por fases en función de las posibilidades presupuestarias.
En contra de los deseos de la comunidad universitaria, el Instituto Galego de Vivenda e Solo renunció a la residencia pública y sometió su decisión -por ser obligatorio- al análisis del Consello Consultivo de Galicia, órgano fiscalizador de las acciones de las Administraciones públicas de la comunidad gallega.
El Consultivo, que emitió su dictamen en febrero de 2012, avaló la determinación del Instituto de Vivenda pero abrió la puerta a que el estudio de arquitectura que elaboró el proyecto recibiese una compensación.
El órgano consideró que la rescisión del contrato se hizo conforme a la ley aunque matizó que, además del derecho que tiene el contratista a percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos y servicios, las normas imponen la obligación de abonar "los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este, desde que se debía iniciar la dirección de la obra hasta el momento en el que se acordó la resolución".
El estudio de arquitectura lamenta que la Xunta no haya respondido a sus peticiones, no poder llegar a un acuerdo y tener que acudir ahora a los tribunales para resolver el conflicto. Por el momento, rehúsan hacer pública la cantidad que demandarán al Gobierno gallego.
