"No estamos en disposición de aportar más financiación". Como ya había adelantado el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, en una entrevista reciente con este periódico, la Xunta defiende que ya ha aportado seis millones de euros para el pago de la expropiación de los terrenos y el proyecto, que estaba presupuestado en un total de treinta millones de euros. El Gobierno gallego relata que, a cambio, realizó una propuesta "realista y acorde con la situación económica actual". Se refiere a la gestión del equipamiento en régimen de concesión por parte de una entidad privada, que asumiría la construcción del edificio. El Ejecutivo asegura que se hubiese mantenido "el nivel de servicios y el carácter público de la actuación".
"Esta propuesta contó con el rechazo frontal de la Universidad, hecho que quedó reflejado en las manifestaciones públicas de los responsables universitarios", reprochan desde la Consellería de Medio Ambiente, que acusa a la Universidad de "cerrar en su día la puerta a la única fórmula viable que entonces había para poder hacer realidad este proyecto". Parece que la Xunta no va a volver a abrir esa puerta: "Se perdió la oportunidad que la Xunta puso encima de la mesa". Medio Ambiente entiende que no se ha hecho "más que defender el interés general".
