Alrededor de doscientos manifestantes lograron ayer impedir que se consumara el desahucio de una octogenaria que reside en un piso ubicado en la calle Padre Feijóo y que había ordenado el juez después de que la familia propietaria del inmueble denunciara que adeudaba dos mensualidades del alquiler y de que la propia afectada rechazara una oferta por la que se le permitía permanecer en la vivienda dos meses más a cambio de que firmara que, al terminar ese plazo, se marcharía. Las autoridades judiciales suspendieron la primera orden de desahucio, cuya ejecución estaba prevista para las diez de la mañana, y, posteriormente, dictaron una nueva que, debido a la resistencia mostrada por unos manifestantes que llegaron a poner cadenas en la puerta y a enfrentarse a los agentes policiales, también decidieron suspender. Tras estas dos suspensiones, el Tribunal Superior de Xustiza informó de que, hoy, se buscará una nueva fecha, aunque dejó claro que la orden no se ejecutará hasta que existan "condiciones de seguridad".
Durante el tiempo en que los agentes trataban de abrir la puerta del edificio para hacer efectiva la segunda orden de desalojar a la anciana hubo numerosos incidentes, entre los que destacan los empujones y golpes que recibieron algunos de los manifestantes, entre los que se encontraban los políticos municipales Xosé Manuel Carril, del BNG, y César Santiso, de Esquerda Unida-Os Verdes; así como el parlamentario del BNG Francisco Jorquera. La policía contó también con la oposición de los bomberos que, con la excepción de uno, se negaron a intentar abrir la puerta.
Todo comenzó alrededor de las nueve de la mañana, momento en el que los manifestantes más madrugadores secundaron la convocatoria de la plataforma Stop Desahucios para impedir la ejecución de la orden de desalojo, prevista para las diez. Armados con pancartas y con algunos megáfonos, los manifestantes corearon desde un principio consignas contra el sistema económico capitalista, contra las administraciones públicas, contra la Justicia, contra los gobernantes e incluso contra la familia propietaria del inmueble.
"¡Qué vaya el concejal a una residencia!", "¡Servicios Sociales son criminales!" y "¡Aurelia se queda, Aurelia no se va!" fueron algunos de los lemas más repetidos por unos manifestantes que llegaron a acusar al concejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, de actuar en connivencia con la familia propietaria de la casa a sabiendas de que no era lo correcto, es decir, de cometer prevaricación. "Sería una temeridad que vinieran a ejecutar el desahucio y más sabiendo la amistad que tiene el concejal Miguel Lorenzo con la familia", declaró Joaquín Díaz, de Stop Desahucios. El Ayuntamiento había ofrecido a la mujer ser realojada en la residencia del instituto Padre Rubinos, una opción que Aurelia Rey rechazó.
Entre los gritos y los gestos de unidad entre los manifestantes y después de que algunos representantes políticos que estaban en la protesta solicitaran una reunión con el subdelegado del Gobierno y la mediación del Valedor do Pobo, llegó a quienes se agrupaban frente al edificio número 9 de la calle Padre Feijóo la noticia de que la comisión judicial había decidido suspender la orden desahucio. El reloj aún no marcaba las 13.00 horas y los miembros de Stop Desahucios y quienes se sumaron a su manifestación ya celebraban una decisión que interpretaron como la confirmación de que, al menos durante la jornada de ayer, no se ejecutaría el desalojo. Se equivocaban.
Cuando apenas había transcurrido una hora desde el anuncio de la suspensión de la primera orden, irrumpieron en la calle Padre Feijóo media decena de vehículos policiales y una veintena de agentes, entre los que se acercaron al edificio y los que cortaron la calle impidiendo que los manifestantes que ya se habían marchado volvieran a entrar, se dispusieron a forzar a Aurelia Rey a abandonar su casa, algo que los manifestantes que todavía permanecían en el lugar no estaban dispuestos a consentir. "De repente, apareció la policía. Los antidisturbios y se metieron por la fuerza. Intentaron hablar con un grupo de persona que bloqueaba la entrada. De ahí, pasaron a empujar a la gente y hubo cuatro o cinco cargas", expone Jorge Catoira, un joven que contempló los hechos.
Entre quienes sufrieron golpes y empujones de los agentes durante esta refriega entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes están los políticos municipales Xosé Manuel Carril y César Santiso. Tanto el edil nacionalista como el portavoz de EU-Os Verdes aseguraron haber sufrido lesiones después de que los policías los agarraran, los arrastraran e incluso los golpearan. También el parlamentario del BNG Francisco Jorquera acabó en el suelo después de que un agente lo agarrara, lo levantara y lo lanzara.
Uno de los momentos álgidos llegó con la aparición de los bomberos, pues los antiincendios se negaron a cortar las cadenas que impedían la entrada de los policías en el edificio y uno de ellos pidió un letrero de Stop Desahucios que exhibió mientras se marchaba. En la segunda dotación de bomberos que llegó a la zona, solo el que estaba al mando accedió a cooperar con la policía, aunque no pudo desbloquear la entrada antes de que suspendiera de nuevo la orden de desahucio por motivos de seguridad, algo que ha confirmado el Tribunal Superior de Xustiza. El Ayuntamiento negó ayer que vaya a adoptar medidas contra los bomberos por su negativa.
Al abandonar todos los policías la zona, los manifestantes expresaron su intención de turnarse para permanecer en la zona y anunciaron que hoy, a partir de las 09.00 horas, habrá una nueva manifestación frente a la vivienda de la mujer.
