La gerente de los dos geriátricos La Paz, situadas en Ordes, su marido y su hijo, que sufre una minusvalía psíquica de un 50%, se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la sección primera de la Audiencia por, presuntamente, haber estafado a seis de sus clientes -entre los que figuran dos parejas- las fincas y los pisos de los que eran propietarios. La directora de las instalaciones, que se enfrenta a una petición de 4 años y 9 meses de cárcel, al igual que sus dos familiares, subrayó que los ancianos estaban en "perfectas condiciones" cuando le cedieron su patrimonio.

Los mayores, según los imputados, querían "arreglar su vida" y, como carecían de dinero en efectivo y sus pensiones no les alcanzaban para abonar los alrededor de 900 euros mensuales que cobraban por sus servicios, llegaban a un acuerdo con ellos para que les cediesen sus propiedades a cambio de cuidarlos. La procesada recalcó que la mayoría de las veces las familias se despreocuparon de los ancianos.

"¿Acaso es un delito que una persona mayor quiera arreglar su vida? La señora -refiriéndose a una de las supuestas víctimas que ya falleció- quería pagar porque sus hijos no lo hacían y mis servicios son muy caros porque en el centro La Paz se vive muy bien", indicó la acusada, quien sostuvo que al menos dos de los ancianos llegaron a sus instalaciones a través de los Servicios Sociales.

"Aunque nos han puesto como criminales, no somos criminales. Eran acuerdos forzosos porque yo no los quería echar a la calle porque dejasen de pagar, a mí no me interesaban esas propiedades. Todos eran vecinos nuestros", señaló la sospechosa en su declaración, al tiempo que destacó que a algunos de los mayores les dio "sepultura", tal y como había pactado con ellos.

El representante del Ministerio público reclama que los tres procesados indemnicen a las víctimas o, en dos de los casos, a sus herederos, con un total de 340.000 euros y que el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial declare la nulidad de los actos y negocios jurídicos a través de los que los imputados transmitieron la titularidad de los bienes inmuebles que presuntamente obtuvieron de forma ilícita.