La constructora Conviga demandó al Ayuntamiento por denegarle el derecho a construir en el Agra de San Amaro. La entidad y el Concello no alcanzaron un acuerdo sobre la indemnización que reclama la sociedad por los daños y perjuicios que le causó la abolición del convenio que había adoptado en 1998 con el Gobierno dirigido por Francisco Vázquez. Entonces, el Ejecutivo municipal le cambió algunas fincas que necesitaba para construir el paseo marítimo por edificabilidad en el Agra de San Amaro.
La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado sábado personarse en el proceso judicial iniciado por la compañía. Conviga había solicitado licencia para levantar un edificio de bajo y siete plantas con 96 viviendas en la zona en abril de 2008, antes de la declaración de la Torre como patrimonio de la humanidad, en junio de 2009. En febrero de 2011 el Ayuntamiento decidió denegar todas las licencias pedidas por las promotoras para construir seis edificios y un área comercial a 500 metros del Faro.
Urbanismo justificó su rechazo en un informe emitido por Patrimonio en 2010 que se amparaba en la ley del suelo y en el título de patrimonio de la humanidad conseguido por el faro para vetar la construcción de las viviendas y la zona comercial.
El nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), sin embargo, prevé levantar inmuebles en la zona de Adormideras. El documento, que fue aprobado esta semana y entrará en vigor en abril, eleva un 54% la edificabilidad en el entorno de la Torre respecto al PGOM que fue a pleno en agosto del año pasado. El Concello anunció en verano el traslado de la construcción del Agra de San Amaro, vetada por la Xunta, al polígono residencial de Adormideras.
Patrimonio dio el visto bueno al proyecto, que está pendiente de la aprobación de la Unesco. El concejal de Urbanismo, Martín Fernández, garantizó que los edificios no impedirán la visualización del faro. El edil presentó el plan como una alternativa para compensar a los dueños de las fincas del Agra de San Amaro que recurrieron a la Justicia y subrayó que el Concello, de esta forma, pretende "minimizar las consecuencias de los pleitos".
