La decisión de Santa Bárbara Sistemas -empresa en propiedad de General Dynamics- de cerrar la fábrica de armas de A Coruña y despedir a 600 trabajadores de la plantilla ha hecho volver las miradas de los implicados a marzo de 2001, momento en que el Gobierno de José María Aznar decidió vender, sin el respaldo de la mayoría de los sindicatos y los partidos de la oposición, la Empresa Nacional Santa Bárbara (ENSB) y su filial de tanques (SBB) a la multinacional.

La compañía norteamericana pagó por la empresa pública, por aquel entonces propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un total de 5 millones de euros (832 millones de las pesetas de entonces). Como contrapartida se comprometía, durante un periodo de cinco años, a mantener a los trabajadores activos a fecha de 31 de diciembre de 1999, no cerrar ninguna de las plantas, invertir un total de 60 millones de euros y aportar negocio por valor de 83 millones de euros.

Las cláusulas de este contrato aprobado por el Gobierno, que no obligaban a General Dynamics a dejar un tiempo de margen para que las factorías buscasen una alternativa el día que ya no contasen en los planes de la empresa, incluía una cláusula compensatoria de 1.660 millones de pesetas (9,6 millones de euros) que se debería abonar a la SEPI en caso de incumplir alguna de las condiciones establecidas. "Una cantidad absurda para una empresa que facturaba dos billones de pesetas por aquel entonces", esgrime el entonces presidente del comité intercentros de Santa Bárbara y hoy presidente del comité de empresa de A Coruña, Roberto Teijido.

Pasados 12 años de la venta, el cumplimiento de estas condiciones no termina de estar claro todavía. UGT y CIG niegan que General Dynamics haya invertido esas cantidades ni ampliado mercados a Europa o Estados Unidos y, precisamente, emplean el supuesto incumplimiento de los compromisos como agravante del último ERE presentado por la multinacional. "No se si han invertido en bolígrafos en Granada pero las inversiones de A Coruña se han hecho todas subvencionadas por la Administración pública". Los trabajadores también aluden a un informe del Tribunal de Cuentas publicado en enero de 2007 en el que se alertaba de "retrasos significativos" a un mes de finalizar el plazo de cinco años en algunos compromisos adquiridos por General Dynamics, como la realización de nuevas inversiones y aportación de nuevo negocio.

Este informe también alerta del sobrecoste que supuso para el Estado la venta de la empresa pública. Según lo acordado por el Consejo de Ministros, la SEPI tendría que abonar 153 millones de euros, que serían destinados a liquidar la deuda de la empresa, asumir pérdidas hasta el día de su venta, nuevas inversiones y aportación de fondos para adaptar las factorías a la normativa medioambiental. Finalmente, el Tribunal de Cuentas advertía de que el coste real había ascendido a 500 millones de euros, mientras que la multinacional pagó por Santa Bárbara cinco millones.

Pocas semanas después de la publicación del informe de fiscalización, General Dynamics anunció "el cumplimiento de todos los objetivos establecidos" y la mejora de algunos de ellos. Un cumplimiento que, aseguraban, estaba avalado por la Comisión de Seguimiento de Privatización, integrada por los tres defensores de la venta de Santa Bárbara: SEPI, Santa Bárbara Sistemas y CCOO, único sindicato que se posicionó a favor de la privatización.

El presidente del comité de empresa, Roberto Teijido, de la UGT, sigue convencido de que General Dynamics compró Santa Bárbara "para convertir España en un desierto industrial" y no para "enraizarse". Su argumento: la compañía ha optado por suprimir fábricas de alto contenido tecnológico como A Coruña u Oviedo. Y es que en los últimos cuatro años, coincidiendo con los recortes de Defensa, el número de centros de Santa Bárbara ha pasado de 8 a 4. El primero en desaparecer fue el de Oviedo, que se fusionó con la próxima factoría de Trubia. Murcia, especializada en la fabricación de pólvora, y Palencia, en municiones de pequeños y medianos calibres, se vendieron tras un prolongado periodo de negociaciones a la española Expal y a la noruega Nammo.

Ahora le toca el turno a la de A Coruña. ¿Por qué General Dynamics se niega a dar el mismo plazo que a Murcia y Palencia? La empresa no ha dado una respuesta pero Teijido se muestra convencido de que no tiene interés en mantener una fábrica que, en el futuro, pudiera ser competidora en concursos públicos con General Dynamics.

"Si nos dejan trabajar, nosotros podemos competir en el futuro en sectores emergentes como el aeronáutico. El problema es que General Dynamics tiene sus plantas aeronáuticas en EEUU y no le interesa esto. Aquí solo acabará quedando una oficina para competir en concursos y nada más", explica Teijido. En el último año y medio, asegura que los trabajadores se han puesto en contacto con empresas gallegas que en la actualidad subcontratan a Madrid o Barcelona pedidos que podrían desarrollar en la fábrica de armas. "Haber puede haber trabajo, incluso para aumentar la plantilla de ahora", sentencia.