El colapso de los juzgados de lo Social se nota ya en el señalamiento de las vistas. Los juicios por despidos se están fijando para febrero y marzo del próximo año y los de incapacidades contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para 2015, según denunció ayer Comisiones Obreras.
El sindicato exige la creación del Juzgado de lo Social número 6 y es que, en la actualidad, existen cinco órganos de este tipo y otro de refuerzo que, aunque celebra vistas y dicta sentencias, no las ejecuta ni lleva recursos, por lo que son los otros órganos los que se tienen que hacer cargo de esta parte del trabajo, que se suma a sus labores habituales.
Los juzgados de lo Social de A Coruña deberían recibir un mínimo de 670 nuevos casos cada ejercicio y un máximo de 800 pero, según revela la Memoria Xudicial 2012. Tribunais e Xulgados de Galicia, durante el año pasado todos superaron el millar.
Comisiones Obreras denuncia que, en Vigo, se creó un juzgado de refuerzo, que tiene un número de similar de asuntos pendientes a los que acumulan los órganos de la ciudad, es por ello por lo que el sindicato ha realizado los trámites necesarios ante el Tribunal Superior de Xustiza y la jueza decana, María Teresa Cortizas, para que se solucione este colapso en la justicia.
El juzgado de refuerzo actual cuenta con solo dos funcionarios, por lo que el sindicato exige que se dote de, por lo menos, cinco trabajadores para que pueda llevar los casos desde el principio y hasta el final sin tener que derivar sus sentencias a otros órganos.
A los nuevos casos que cada juzgado recibe cada año, los órganos tienen que sumar los que han heredado del ejercicio anterior, eso hace que el número 5, por ejemplo, cerrase 2012 con 969 casos sin resolver (503 más de los que había recibido cuando inició el ejercicio) y rebasando el límite establecido por el Consejo General del Poder Judicial (800) en 537 expedientes; es decir, recibió 1.337 casos.
Desde Comisiones Obreras tildan de "colapso absoluto" la situación que viven los juzgados de lo Social. "Es algo intolerable para un servicio público que se nos vende como eficaz y modernizado", denuncian desde el sindicato, que se queja también de que las sentencias se convierten en "papel mojado" porque las consideran "inejecutables" por la falta de medios, por los plazos marcados y por la carga de trabajo que soportan los funcionarios.
"Las empresas despiden libremente y las luchas judiciales son interminables; los demandantes acaban vencidos por agotamiento y los recursos públicos se hunden inexorablemente", sentencian desde Comisiones Obreras.
