La Autoridad Portuaria coruñesa inició ya la negociación con Repsol para el traslado a punta Langosteira del resto de las operaciones que realiza ahora en San Diego y que no están incluidas en el acuerdo firmado el pasado lunes por ambas partes, que se limita a las maniobras de carga de crudo, coque y azufre. "No sé cuáles son los plazos, los menores posibles desde la capacidad que pueda tener la Autoridad Portuaria", manifiesta el presidente del Puerto, Enrique Losada, sobre el fin de las conversaciones, frente a las desarrolladas para la primera fase, en las que puso en un principio el 31 de diciembre de 2011 como fecha límite, que finalmente se vio ampliamente superada.

"Hay temas abiertos que hay que cerrar", aclara Losada sobre la marcha de la negociación con la compañía, a lo que añade que en este tipo de procesos "las prisas son malas". El presidente del Puerto elude concretar si el acuerdo se producirá antes de que concluya la primera fase del traslado, de forma que los trabajos de ambas etapas coincidan en el tiempo, así como el posible coste para las arcas públicas de la segunda, tras haberse acordado para la inicial una compensación a Repsol de 23,9 millones de euros.

Losada pretende además "minimizar los plazos de todas las gestiones" que tenga que llevar a cabo la empresa con cualquier administración para trasladar a Langosteira las operaciones de descarga, para lo que ayer mismo concertó una reunión con los dirigentes de Repsol. El objetivo es, según el presidente del Puerto, "conseguir el objetivo común de la implantación íntegra en punta Langosteira cuanto antes".

La compañía está obligada a solicitar una declaración de impacto ambiental para operar en el puerto exterior, mientras que la Administración exigirá a Repsol numerosos informes, por lo que la Autoridad Portuaria se muestra dispuesta a colaborar con el grupo industrial "para tratar de que no se agoten los plazos legales", según afirma Losada, quien recuerda que los trámites medioambientales son largos y que su intención es "comprimirlos".

Repsol deberá además elaborar en el plazo de cuatro meses un proyecto básico de sus instalaciones en el puerto exterior, así como presentar la solicitud formal de concesión y abonar una fianza por el importe del 2% de la obra prevista. Otro de los trámites necesarios serán las expropiaciones para el nuevo oleoducto, tras lo que se iniciará su construcción y la de las instalaciones en Langosteira, que requerirán una inversión de 124 millones de euros, una cuantía que Losada estima que poseen pocas obras actuales en España.

"No entra en nuestro guión, si no, no tendría sentido firmar la operación", declara Losada sobre la posibilidad de penalizar a Repsol si incumple el plazo para el traslado, en el que asegura que empleará los recursos legales "para poder amparar y conseguir que se cumpla".