El Partido Popular llegó al Gobierno local de María Pita beligerante con la gestión de Nostián. Prometió que pondría "luz y taquígrafos" y "transparencia" sobre una de las concesiones más onerosas del Ayuntamiento, y sostenida pues con impuestos y tasas de los vecinos. Siete millones al año. Contrató la primera de las dos auditorías externas de la planta en noviembre de 2011. Y hasta entonces. Ante un recurso judicial del portavoz del grupo municipal del BNG, Xosé Manuel Carril, interpuesto por las reiteradas denegaciones administrativas para acceder a dichos informes, el juez es claro: se ha vulnerado un derecho fundamental de la oposición y debe facilitarle copias de los mismos. El Gobierno local evita valorar el fallo y anuncia que lo recurrirá ante el Tribunal Superior.

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña da la razón al grupo de la oposición y asegura que la decisión del Ejecutivo de Carlos Negreira "impide el control que en todo momento debe ejercer" la oposición. El magistrado entiende que ese control debe ser "tanto preventivo como posterior" y que la oposición no tiene que tener "siempre" una postura "vicaria, gregaria o secundaria, sino también activa para proponer, en su caso, la inclusión de algún punto en el orden del día de la sesión plenaria para favorecer el interés municipal".

Con esta argumentación, el magistrado rechaza la réplica jurídica del Gobierno municipal, que alegó que había denegado las auditorías ambiental y económica porque esa documentación formaba parte de un procedimiento todavía no resuelto, "por lo que facilitaría el acceso a ella después de que fuese examinado por los órganos competentes y se tomase la decisión oportuna sobre el pretendido desequilibrio de la concesionaria". El letrado municipal sostuvo ante el juez que la auditoría tiene un "carácter instrumental" dirigido a resolver, "si procede, la modificación del contrato".

Tras tener en sus manos los resultados de los estudios, el Gobierno municipal ha rechazado hacerlos públicos tanto a la oposición, como a vecinos y a medios de comunicación. Lo que motiva el recurso del Bloque es una resolución de la teniente de Alcaldía, Rosa Gallego, el 25 de marzo de 2013, tras la que el concejal nacionalista decide ampararse en la Justicia.

La sentencia anula esa decisión municipal y obliga a entregar las copias de los informes a Carril en un plazo de cinco días desde que el fallo judicial sea firme. Sin embargo, al Ejecutivo local le resta un cartucho para no cejar en su determinación de mantener ocultos los informes: un recurso de apelación ante el Superior del que hará uso, según avanzó ayer. El Bloque no pedirá la ejecución de la sentencia hasta que sea firme. El Concello tiene que pagar 500 euros en costas.

El portavoz del BNG, Xosé Manuel Carril, que dio a conocer ayer la sentencia en rueda de prensa, recalcó que se trata de la "segunda vulneración" de derechos fundamentales por la que es condenado el Ayuntamiento coruñés. La primera llegó, explica, cuando recurrieron la negativa a entregar datos sobre la Compañía de Tranvías. Este fallo ya es firme. Carril avanza que la próxima vez que esto ocurra denunciará por vía penal al alcalde, Carlos Negreira, por "delito de impedimento del ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución". Se refiere al artículo 542 del Código Penal, cuya vulneración puede desembocar en una pena "de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años a autoridad o funcionario público".

El portavoz del BNG, Xosé Manuel Carril, manifestó que el próximo camino que sigan será la vía penal. "Avisado queda el Gobierno local, que de transparente no tiene nada y de manipulador y vulnerador de derechos fundamentales tiene bastante", señaló el edil en referencia a los dos casos en los que la Justicia les ha dado la razón. Preguntado por lo que espera del contenido de la auditoría, señala que, "con toda probabilidad", contendrá el "cumplimiento o incumplimiento" de la concesión respecto al tratamiento de residuos. Defiende que "servirá de mucha ayuda" en un tema de "vital importancia" que los vecinos tienen derecho a conocer.