La Corporación local deberá pronunciarse en el pleno del próximo lunes sobre las mociones presentadas por PSOE y PP y el ruego efectuado por el BNG acerca de las ayudas perdidas por 400 familias de Novo Mesoiro para el pago de sus hipotecas. Estas iniciativas fueron promovidas tras entrevistas de los cuatro grupos políticos con la plataforma que agrupa a los afectados, cuyos representantes asistirán al pleno, y que desea recibir el respaldo del Ayuntamiento para exigir a la Xunta y el Estado la recuperación de estas subvenciones.

Pese a que en las dos mociones se incluyen las mismas exigencias planteadas por los perjudicados, los socialistas -que contarán con el apoyo de Esquerda Unida a su iniciativa- y los populares deberán negociar previamente si presentan un texto común, ya que en caso contrario solo está garantizado que se apruebe la del PP gracias a la mayoría absoluta de que dispone en el pleno. Las iniciativas del PSOE y el PP exigen al Ministerio de Fomento la revisión del criterio del decreto-ley mediante el que suprimió estas ayudas para las viviendas de protección oficial y que abone las reconocidas por la Xunta hasta la entrada en vigor de la nueva ley el pasado junio. Otro planteamiento es que la Xunta revise de oficio las resoluciones que denegaron las subvenciones hasta junio para garantizar los derechos de los afectados.

La plataforma quiere que el Gobierno gallego adopte la misma actitud que el de Castilla y León, que restituyo las ayudas tras la recomendación de la Defensora del Pueblo y el informe realizado por el Procurador del Común de esa comunidad. Xosé Aller, uno de los portavoces de la plataforma, explica que los socialistas presentaron su moción antes que el PP porque los perjudicados decidieron hablar previamente con los grupos de la oposición al sospechar que los populares serían más reticentes a exigir un cambio al Gobierno central.

Tras las presentación de dos mociones, Aller desconoce si se mantendrán ambas, pero solicita que el voto sea unánime, ya que su finalidad es la misma y los cuatro grupos han expresado ya su respaldo a las peticiones de los afectados. La plataforma ignora el contenido de la conversación mantenida el jueves por el alcalde, Carlos Negreira, y el conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández sobre este problema, pero plantea que la Xunta actúe del mismo modo que la Junta de Castilla y León, de forma que pague todas las ayudas solicitadas antes del cambio de la ley, que está recurrido en el Tribunal Constitucional, y que luego se las reclame al Estado. Quienes pidieron las subvenciones a partir de junio deberán esperar a la sentencia del Alto Tribunal, ya que esa fecha marca un cambio en la legislación, advierte Xosé Aller.

La plataforma se muestra optimista sobre la aceptación por Fomento de sus reivindicaciones, ya que cuentan ya con el respaldo de los parlamentos de Extremadura y Asturias, mientras que en Valencia se intenta conseguir el apoyo de sus representantes. Aller confía además en el éxito de los afectados en los tribunales porque todos reconocen que la ley no puede ser retroactiva, aunque la demora y el coste que supone les anima a intentar cambiar la norma mediante la presión social.