La demanda de abogados de oficio subió un 8,2% por la entrada en vigor de la ley y la crisis"Se aprobó para evitar que se use un servicio público""Se trata de que la Justicia sea más rápida y ágil""Que haya una tasa limita los derechos de los particulares""La clase media no puede quedar desamparada"

-¿Qué opina del descenso de los pleitos por sanciones de tráfico?

-Ahora hay dos vías: recurrir y pagar la multa entera y el importe de las tasas o pagar con descuento y olvidarte de todo. La oferta es como las del Padrino, de las que no se pueden rechazar. ¿Ahora todas las multas son conformes a derecho? No. ¿Quién va a poder recurrir? Un tío rico que diga: 'no me toman ustedes el pelo'. Han arrasado el pleito pequeño, tanto en civil como en contencioso-administrativo. No se puede hacer de la Justicia una cuestión de cuantía.

-¿Confía en que el Tribunal Constitucional anule la ley?

-Yo creo que si alguien analiza con detenimiento lo que son las tasas tiene que llegar a la inconstitucionalidad. Las tasas antes estaban para grandes empresas y la escala que aplican ahora es la misma. Han cogido al ciudadano y lo han puesto al nivel de las grandes empresas. Una tasa, igual que todo tributo, está llamada para recaudar, pero se aprobó para evitar que la gente no haga uso de un servicio público. Si el Constitucional diese la espalda y dijese que no le consta que sea una tasa disuasoria sería el escándalo padre. Usted no puede emplear el sistema tributario español para que los ciudadanos no utilicen los servicios públicos. Es una barbaridad. Espero que el Constitucional lo tire e, incluso, que el Gobierno recapacite porque no puede dejar a tanta gente fuera de la Justicia.

-¿Han percibido el efecto de las tasas?

-Lo notamos muchísimo en el aumento de gente que se va al turno de oficio. También han disminuido el número de recursos contenciosos-administrativos. La protección que tiene la administración, para mí, define la inconstitucionalidad. Vamos a plantearnos un pleito de una persona que le expropien un terreno que valga mucho, pero que no tenga nada más que eso. La valoración es de 75.000 euros, pero quiere reclamar por 2,5 millones, ¿cómo abona las tasas? Además, no puede recurrir al turno de oficio porque la administración le ha reconocido que tiene 75.000 euros.

-¿Desde el colegio van a tomar alguna medida, además de las concentraciones?

-Las medidas las vamos a tomar con el Consello da Abogacía y con el Consejo General para no ser uno individualmente el que lo haga. Yo en Madrid le pedí al presidente del Consejo que reclame que nos dejen ver de qué manera va a ir todo ese dinero que se ha recaudado al turno de oficio, que es lo que dijo el Gobierno.

-¿El turno de oficio aún no recibió nada?

-No hemos notado nada, de momento funcionamos como hasta ahora. Yo quiero saber cómo está la ley de presupuestos. Me gustaría que esa pregunta la hiciese la oposición. Y que también preguntase cuánto cuesta un proceso. Aunque haya 50 personas que tengan el mismo proceso todas tienen que pagar tasas. El proceso, sin embargo, es uno. No sé cómo definir la ley porque no vi a nadie el descaro de llamarle tasa disuasoria. El que lo hizo dejó bien definido lo que es.

-Tras casi un año de aplicación de tasas judiciales, ¿se consiguieron los objetivos que pretendía el Gobierno con la aprobación de la ley?

-Los objetivos principales que busca el Gobierno son racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y aportar unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita. Cualquier reforma ambiciosa como ésta, requiere de un tiempo para ver si sus objetivos se cumplen. En este momento es prematuro y un tanto aventurado sacar conclusiones rigurosas sobre el impacto de esta medida.

-¿Cree, tal y como aseguran los colectivos judiciales, que fue una medida del Ejecutivo para que los ciudadanos no recurran a la Justicia?

-Las cuantías previstas para las tasas judiciales no constituyen una traba al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. Tales cuantías quedan muy por debajo del coste del servicio que se utiliza. De hecho, con esta reforma, lo que hace el Gobierno es homologar el sistema de tasas judiciales de España con el que rige en los países de nuestro entorno. De lo que se trata, en definitiva, es que la Justicia sea más rápida y ágil, evitando maniobras dilatorias que entorpezcan su funcionamiento.

-Es la primera vez que jueces, fiscales, abogados y procuradores se ponen de acuerdo y rechazan la norma. ¿Están todos equivocados?

-Lo primero que ha de quedar claro es que las tasas afectan a poco más del 20% de los asuntos de los tribunales, puesto que el resto pertenecen al orden penal exento de estos gravámenes. El grueso del coste del procedimiento se debe a otros cargos, ya que la tasa supone el 10%. Lo que yo quiero trasmitir es que el Gobierno enfoca las tasas como el primer paso de un cambio en la Justicia, y ello siempre provoca desconfianza. Pero esta ley lo que hace es aspirar a que la Justicia resuelva los conflictos en tiempo, con seguridad y con todas las garantías legales.

-¿Beneficia a los ciudadanos que tienen una buena situación económica?

-La ley busca garantizar que los ciudadanos más desfavorecidos puedan acceder a la tutela judicial efectiva y permite que colectivos que hasta ahora no tenían este beneficio puedan acceder a él sin necesidad de acreditar la insuficiencia de medios. La revisión de las tasas se ha vinculado a la mejora de la justicia gratuita. Es más, con independencia del nivel de renta, se extiende este derecho a colectivos vulnerables.

-¿Atribuye el descenso de asuntos a la aplicación de tasas?

-No se puede concluir en este momento cuáles son las causas exactas de un descenso concreto, y en ningún caso circunscribirlo a la aplicación de tasas. Hay que ser rigurosos y no precipitar conclusiones. Las tasas pueden beneficiar el descenso de ciertas maniobras dilatorias, de recurrir sistemáticamente todo.

-¿Se ha producido un descenso del volumen de casos por las tasas?

-El descenso es, más o menos, del 20%, en la jurisdicción contenciosa. En la civil, en total, no se ha notado tanto porque entraron las preferentes, pero sí que ha habido una disminución. En la Social hay un aumento, pero por la crisis y porque las tasas no están en primera instancia.

-¿Hay casos de condenados que decidan no recurrir una sentencia por no pagar las tasas?

-Que haya una tasa limita los derechos de los particulares.

-¿Nos hace menos iguales ante la ley la aplicación de las tasas?

-No estoy en contra de las tasas, creo que deben existir, pero una tasa disuasoria y que no limite el acceso a la tutela judicial de los ciudadanos. No estoy en contra de las tasas, pero sí de esta ley aprobada por el Gobierno.

-¿Por qué?

-Su precio es demasiado elevado. La exposición de motivos de la ley dice que las tasas iban a servir para agilizar la litigiosidad y que los ingresos que se iban a generar iban a repercutir en una mejora de la administración de Justicia que no se ha producido. No se han transferido los fondos para la Justicia gratuita. Cualquiera puede ver que la administración de Justicia está igual que el año pasado o peor.

-¿No han generado ingresos?

-Sí, pero menos de los previstos. Se ha producido también un incremento de la Justicia gratuita porque, al existir la tasa, la gente no puede pagarlo todo.

-¿Dónde se nota más?

-Pues en multas de tráfico, por ejemplo, porque no compensa recurrirlas.

-¿Qué mejoras necesita la Justicia que se podrían hacer con esos ingresos?

-La dotación de medios materiales y optimización de recursos, por ejemplo, con el expediente electrónico o con la creación de plazas de jueces.

-¿Cómo se podría mejorar la ley?

-Sería bueno que se le devolviese la tasa a los ciudadanos que tuviesen una sentencia a favor. La creación de la ley no fue del todo oportuna y tiene lagunas, por lo que sería bueno que se uniformizasen los criterios por los que hay que aplicar las tasas.

-¿Las tasas judiciales limitan o restringen el derecho de los ciudadanos a acudir a la Justicia?

-El clamor social ve desproporcionadas las nuevas tasas. El Tribunal admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad sobre esta cuestión. Habrá que esperar a que se pronuncie. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce, desde el año 2001, la posibilidad de cobrar tasas judiciales siempre que su cuantía no sea excesiva para que no se impida el derecho de acceso efectivo al sistema judicial. Es decir el ciudadano, incluida la clase media, no puede quedar desamparado constitucionalmente en el acceso a la jurisdicción por un desmesurado coste de este servicio público. Hay estudios que revelan que la justicia civil es cara para los ciudadanos en general, pero proporcionalmente más cara para los ciudadanos económicamente más débiles. Esta situación configura un fenómeno de doble victimización de esas personas en relación al acceso a la Justicia.

-¿Se recurre menos por las tasas judiciales? Los primeros datos de recaudación hablan por sí solos: un 60% menos de lo previsto por el Ministerio de Justicia para este año.

-Las tasas varían en cuanto a su peso en el presupuesto de la Justicia. En Alemania representa el 45; en Italia, el 8%; en Inglaterra, el 44%; en Portugal, el 17%; en los Países Bajos, el 22%; en Noruega, el 11% y en Suecia, un insignificante 0,8%. Francia acaba de anunciar que suprime las tasas a partir de enero. En el caso de España, el Ministerio de Justicia reconoció que la recaudación por tasas judiciales va a quedar por debajo de sus previsiones. Hasta agoto solo recaudaron 94 millones de los 305 previstos. La previsión era la de recaudar para este año tan solo la tercera parte de los ingresos previstos. Las comunidades autónomas demandan que la justicia gratuita se costee con la recaudación por tasas.

-¿Cuál es el balance del primer año de la aplicación de las tasas judiciales?

-Necesitamos tiempo para saber el impacto que produce el incremento de las tasas en la litigación. Por lógica, va a tener un impacto. El porcentaje en la actualidad todavía no se puede cuantificar.

-¿Qué opina de la ley de tasas?

-La postura que hemos mantenido los procuradores fue no movilizarnos en la calle, sino tratar de corregir las deficiencias que tenía el proyecto. Los problemas se deben solucionar mediante el diálogo, no a través de movilizaciones. Me desmarco totalmente de las movilizaciones. De las 23 proposiciones de modificación del proyecto de ley que presentamos muchas fueron acogidas. Había sectores dentro de la Justicia, como los jueces, que demandaban tasas en las juntas de decanos que hacían a nivel nacional, otra cosas muy distinta son las cuantías que se establecieron, que son desorbitadas. Desde el año 2002 ya se aplicaban tasa a aquellas entidades que facturaban importantes cantidades de dinero.

-¿Los procuradores apoyarían las tasas si fuesen de menor cuantía?

-No las hemos pedido nunca, no ha sido una de nuestras demandas. No habría ningún problema si existiesen tasas judiciales con cantidades moderadas, pero algunos aspectos de la ley los consideramos excesivos. No nos opondríamos frontalmente a que hubiese tasas con cantidades moderadas.

-¿Cree que son inconstitucionales?

-Sobre el carácter constitucional no nos corresponde a los procuradores pronunciarnos. Es tarea de los magistrados del Tribunal Constitucional.

-¿Contribuirían a agilizar la Justicia?

-De manera indirecta, sí, aunque no es una medida que, de forma directa, contribuya a agilizar el sistema de Justicia. Siempre que se pagase una cantidad moderada y ese dinero recaudado se destinase a mejorar los medios de la Justicia repercutiría en su agilización. Si las tasas se recaudan con un fin, ese fin tiene que ser el de mejorar la Justicia. Eso lo tengo muy claro.

-¿Han percibido su efecto en A Coruña?

-Sí, se ha notado, pero tendríamos que preguntar a cada profesional de forma individual. De momento, no disponemos de datos exactos del impacto que han tenido. Hemos notado una bajada de asuntos y estoy convencido de que las tasas han tenido su influencia, igual que la crisis.