Una gigantesca urbanización, con 494.000 metros cuadrados de superficie, en la que se prevé la edificación de 3.200 viviendas y en la que habría 250.000 metros cuadrados de zonas verdes permanece en estado de espera en O Portiño desde hace años a causa de la crisis económica y de las limitaciones que impuso el Plan de Ordenación do Litoral de Galicia, que impedía construir a menos de 500 metros de la costa. Pero en diciembre de 2003, cuando las circunstancias económicas eran radicalmente opuestas, parecía inminente la entrada de las máquinas de construcción en uno de los escasos espacios del municipio coruñés que quedaban sin urbanizar.

El carácter marginal que hasta ese momento había tenido la zona de O Portiño llevó a que en ese lugar se levantaran viviendas de escasa calidad en las que hoy en día se agolpan 45 familias que reúnen a casi 300 personas. Su ubicación en este lugar desde los años sesenta tenía que ver con su proximidad al vertedero de basuras de Bens, ya que vivían de los objetos que recuperaban entre los desechos. El sellado del basurero dejó a estas personas sin medio de vida, por lo que solo les quedó como alternativa el marisqueo furtivo.

El anuncio de la puesta en marcha de la urbanización de O Portiño hizo surgir en los habitantes de las chabolas el temor a quedarse también sin sus viviendas, por lo que su portavoz, Ramón Pérez Basich, declaraba hace diez años: "Somos invisibles para las administraciones". Pese a las promesas de que los moradores del núcleo de infraviviendas serían realojados en la nueva urbanización, la desidia con la que fueron tratados a lo largo de los años les llevó a desconfiar. "Los terrenos fueron cedidos por particulares para viviendas baratas, el Ayuntamiento no puede hacer lo que le dé la gana", advertía entonces Pérez Basich.

"Ya nos gustaría ser ciudadanos de segunda, nosotros nos sentimos tercermundistas", proclamaba indignado el representante de los habitantes del poblado, quien sospechaba que la entonces inminente conclusión del paseo marítimo hasta esta zona del municipio tendría consecuencias negativas para quienes vivían en las chabolas. En 2008, el Gobierno local formado por PSOE y BNG aprobó el proyecto de la urbanización de O Portiño, al que se opuso el PP. Para llevar a cabo esta iniciativa era necesaria una modificación del plan general que debía ser autorizada por la Consellería de Política Territorial.

La polémica saltó en aquel momento porque el pleno que aprobó el proyecto se realizó el mismo día en que el Parlamento gallego inició el debate sobre la nueva ley del suelo, que pretendía ampliar el porcentaje de pisos de protección en los polígonos residenciales del 20% al 40%, lo que obligaría a doblar la cantidad de viviendas de este tipo en O Portiño.

"Quizás de ahí viene la prisa, se puede hablar de especulación", afirmó en la sesión plenaria Miguel Lorenzo, concejal del Partido Popular para explicar la celeridad con la que el Gobierno local quería dar vía libre a esta iniciativa urbanística. Política Territorial había obligado ya a modificar el proyecto para que no se edificara a menos de 500 metros del mar -condición suprimida en la actualidad- y para incluir una mejor conexión con la tercera ronda, por lo que reclamó un estudio para justificar la capacidad y el trazado de las infraestructuras viarias, ya que dudaba de que la fórmula elegida para enlazar con la nueva circunvalación fuese la "solución idónea, debido al trazado sinuoso y en pendiente".

Otro de los obstáculos que planteó la Xunta al Ayuntamiento es que aumentase la edificabilidad de 0,61 a 0,69 metros cuadrados por metro cuadrado y que no esperase a efectuar la modificación del proyecto mediante su inclusión en el nuevo plan general, que en aquellas fechas aún redactaba el equipo de Joan Busquets. La oposición municipal y la asociación de vecinos del barrio de Os Rosales hicieron reproches al Gobierno local en ese mismo sentido y le plantearon que paralizase esta gran operación urbanística.