La relación del grupo Vendex como concesionaria de servicios varios en el Ayuntamiento coruñés se inició en 2005 durante el Ejecutivo de Francisco Vázquez con el millonario contrato de la grúa y la ORA. El 20 de septiembre de 2012, tras la detención del alcalde de Ourense, despertaba la operación Pokemon a manos de la juez de Lugo Pilar de Lara con dicho conglomerado empresarial como epicentro.
Desde ese primer momento, y dado el estrecho vínculo administrativo y empresarial que fue tomando forma a través de varias firmas filiales, A Coruña fue uno de los municipios señalados, en donde se esperaba que, tarde o temprano, los investigadores y la magistrada pusiesen sus ojos mientras tiraban del hilo. Simbólicamente, la Pokemon parece que sobrepasará los cien imputados con las pesquisas en la ciudad, entre empresarios, políticos, asesores, altos cargos y funcionarios señalados desde que se hizo público el trabajo de De Lara hace un año y tres meses. Los investigadores se centran en saber si el modus operandi en otras urbes se ha repetido también en la ciudad durante los nueve años de tratos con filiales como Doal o Sermasa.
¿Cuáles son esos procedimientos cuestionados en otros ayuntamientos y cuya legalidad ha sido puesta en la diana por la Justicia? En Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE) dimitió tras ser imputado por cohecho y prevaricación y más adelante la juez amplió la acusación a blanqueo de capitales. Durante la investigación salió a la luz que sus responsables seguían la pista a ocho Rolex y pagos en metálico por parte de Vendex, que, al igual que en A Coruña, gestionaba ORA y grúa, además del servicio de limpieza en sedes municipales. Seis mil horas de conversaciones grabadas fueron claves, además de billetes marcados y transacciones de dinero. También dimitió un edil del BNG. El mismo día que detenían a Rodríguez, llevaron a comisaría el regidor de Boqueixón (PP), Adolfo Gacio, al que su partido forzó dimitir.
Pasaron dos meses y llegaron a Lugo. Sobre el regidor, Xosé López Orozco (PSOE), recaen imputaciones de tráfico de influencias y cohecho. No dimite y sigue proclamando su inocencia. ¿La sospecha? Que la empresa que gestiona la grúa en Lugo le sobornaba supuestamente con dos mil euros mensuales a él y a su exteniente, Francisco Fernández Liñares.
En Santiago, diez de los trece concejales del Partido Popular, además de un edil socialista y del exregidor, están imputados. Conde Roa está condenado al margen de la Pokemon por su actividad como promotor. Su sustituto, Celso Currás, imputado por tráfico de influencias en favor de Vendex en la adjudicación de una guardería, al igual que su edil de Educación y el edil de Deportes. En investigación también si miembros del Gobierno local habrían indicado a filiales de Vendex a qué personas contratar. Saltaba después la operación Manga, una pieza separada de las indagaciones, al igual que la Pikachu coruñesa. Buscan posibles sobornos de Aquagest. Imputados, Conde Roa, un exedil de Seguridad y el veterano edil Bernardino Rama (PSOE).
