La juez Pilar de Lara mantiene la imputación de Francisco Franco del Amo, Manuel Miramontes, Mónica Iglesias y Ana Castro tras la declaración efectuada ayer por estos cuatro empleados del Ayuntamiento en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo en el marco de la operación Pokemon. Todos ellos forman parte de la docena de personas a las que se considera sospechosas de la comisión de diferentes delitos en relación con los contratos municipales adjudicados a Vendex.
Franco y Miramontes, los directivos del Aquarium Finisterrae cuyos ordenadores se registraron el jueves, comparecieron en la sede judicial acompañados por sus propios abogados, según informó el Gobierno local, en lugar de hacerlo por miembros de la asesoría jurídica del Ayuntamiento. La directora de los Museos Científicos Coruñeses, Mónica Iglesias, y Ana Castro Galdo, administrativa del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), también acudieron con letrados contratados por ellas mismas y, al igual que los dos primeros comparecientes, rechazaron efectuar declaraciones.
Miramontes fue el primero en declarar y lo hizo durante tres horas, mucho tiempo más del que la juez había estimado inicialmente, ya que había citado a Mónica Iglesias para una hora después del técnico del Acuario. La responsable de los Museos Científicos respondió a las preguntas de De Lara a lo largo de más de dos horas y, según su abogado, iba a "demostrar su inocencia". Fue sucedida por Franco, quien permaneció en el juzgado otras tres horas, tras las que prestó declaración Ana Castro.
Las comparecencias de los imputados continuarán la próxima semana con Julio Flores y José Nogueira, únicos políticos implicados hasta el momento por la juez. A ellos se sumarán dos asesores del Gobierno local, así como otros cuatro empleados de diferentes departamentos municipales, entre quienes destaca la jefa de Contratación, Gloria María Díaz Crespo.
