Dos familias que poseían sendas viviendas en el parque ofimático que ya estaban deshabitadas entregaron ayer sus llaves al Ayuntamiento, donde se entrevistaron con el concejal de Infraestructuras, Martín Fernández Prado. El Gobierno local explicó que esta medida es un paso más hacia lo que considera como "la única solución posible en estos momentos", que consiste en que estas familias fijen un precio para sus propiedades y que alguien las adquiera con el fin de que dejen de ser promotores en el ofimático, a lo que están obligados por haberse negado a vender los terrenos en su día.

Estos dos propietarios ya habían renunciado a continuar en el polígono, donde uno de ellos incluso no residía de forma habitual. En la zona permanecen aún 12 familias que se resisten a dejar sus viviendas y a intervenir como promotores en el ofimático, por lo que el Gobierno local prosigue las conversaciones con ellos para buscar una solución. Fernández Prado aseguró ayer que la salida se hará "mediante la vía del diálogo" y culpó de esta situación al anterior Ejecutivo municipal, al que acusó de no haberse preocupado por estos vecinos.

Uno de los afectados, José Antonio Fraga, había sido citado para entrevistarse ayer con el concejal pero la reunión se aplazó a última hora, por lo que deberá esperar a una nueva cita. El Ayuntamiento detalló ayer que 5 de las viviendas que aún están en pie deben ser derribadas para que continúen las obras de urbanización, ya que son las que se hallan más próximas al colegio de los Maristas.

El resto de las casas existentes no afectan a estos trabajos, ya que se sitúan en las proximidades del núcleo de Eirís de Abaixo y en San Vicente de Elviña, al otro lado de la avenida de Alfonso Molina, por lo que los responsables municipales no tienen prisa en eliminar estas construcciones. Entre las viviendas cuya continuidad perjudica a este proyecto inmobiliario se encuentra una que impediría la construcción del edificio que promueve la cooperativa A Carnocha, aunque los afectados aseguran que las obras podrían haber comenzado ya sin problemas.

Otra de las entrevistas mantenidas ayer por Martín Fernández Prado fue con representantes de la cooperativa Cofuncovi, ya que se encuentra a la espera de la recepción de la autorización de la Dirección General de Aviación Civil para que se le conceda la licencia municipal. Este trámite es exigible a todos los edificios que se hallen en las rutas de aproximación al aeropuerto desde la entrada en vigor del nuevo plan general y el Gobierno local trata de interceder para que se agilicen las gestiones, según explicó ayer José Ramón Mosquera, para quien ese permiso "está al caer".

Los miembros de esta cooperativa, una de las cuatro que pretenden construir en el ofimático, esperan también a la concesión de la licencia de edificación para suscribir el préstamo hipotecario con el que llevar a cabo las obras. En la actualidad mantienen conversaciones con varias entidades financieras y, una vez recibida la autorización para iniciar la construcción, cerrarán un acuerdo con una de ellas.