El primer pleno municipal celebrado tras la imputación de al menos doce personas vinculadas al Ayuntamiento -dos de ellas concejales, el popular Julio Flores y el socialista José Nogueira- en la operación Pikachu, la vertiente coruñesa de la Pokemon, fue aprovechado ayer por el BNG para exigir al Gobierno local la dimisión o destitución de los cargos públicos, asesores y cargos de confianza a los que la juez Pilar de Lara relaciona con una serie de delitos, presuntamente cometidos por su actuación con la empresa Vendex, adjudicataria de varias concesiones municipales. El portavoz del Bloque, Xosé Manuel Carril, advirtió al comenzar su intervención de que se trataba de la "más difícil" entre las que había realizado en el Ayuntamiento y de que no buscaba "réditos electorales", así como de que defiende la presunción de inocencia "por encima de todo".

Pero el concejal nacionalista también consideró que los cargos políticos "no son normales", por lo que cuando son imputados en la ciudadanía "surge la sospecha" y que solo puede despejarse mediante la dimisión "porque la responsabilidad política no es la misma que la penal". Para Carril, la permanencia de los imputados en sus cargos causa "daños" a las instituciones, por lo que exigió su salida.

"Le sugiero que se lea sus manuales de Derecho", le replicó el portavoz del Gobierno, Julio Flores, quien recordó a Carril que muchos de los imputados "salen indemnes", por lo que reclamó "prudencia y paciencia" y alertó de que tanto él como los funcionarios citados por la juez gozan de la presunción de inocencia. También puso de relieve Flores que la instrucción del caso aún no está terminada y que entre los contratos de Vendex que se investigan algunos fueron adjudicados en tiempos del Gobierno local bipartito. El también primer teniente de alcalde acusó además a los nacionalistas de realizar un "ejercicio de ventajismo político" al exigir dimisiones por las imputaciones decretadas por Pilar de Lara.

La iniciativa del BNG se presentó en forma de pregunta al alcalde acerca de las medidas que piensa tomar tras la decisión tomada por la instructora del caso, aunque Carlos Negreira delegó en el portavoz de su grupo la respuesta. Aunque el tono de Carril fue menos enérgico de lo habitual, la contestación de Flores fue efectuada en el tono de contundencia que le caracteriza, en un intento de demostrar que la imputación no afecta a su labor al frente del grupo municipal ni en el Gobierno local, aunque tras el auto de la juez ha reducido sus comparecencias públicas.