-Casos como el de la operación Pokemon, ¿en qué medida deslegitiman la democracia?

-Ante los ciudadanos está claro que la deslegitiman hasta el punto de que en la encuesta del CIS de enero, era uno de los principales problemas de la sociedad para el 95% de los españoles. A eso se junta la actual situación de crisis social y económica, en que muchas familias están quedando prácticamente sin recursos mientras ven como hay responsables políticos que se lucran con el dinero de todos. En definitiva, deslegitiman a políticos, funcionarios y empresas.

-¿Deberían dimitir los cargos imputados o pueden ejercer mientras no se demuestre que son culpables?

-Yo pienso que debería demostrarse que es delito porque si no este tipo de actuaciones pueden ser utilizadas políticamente. Lo que nos debería preocupar, más que si deberían dimitir o no al ser imputados, son los elevados niveles de corrupción que se registran en nuestro país.

-En Europa, sin embargo, parece que los políticos dimiten a la mínima cuando salta a la palestra un escándalo.

-Sí, en Europa, en la mayor parte de los países, por cualquier cosa dimiten. Lo vimos en el caso de ministros que dimitieron por haber plagiado una tesis en la Universidad. Aquí, por cosas más importantes, siguen en sus cargos.

-¿Y a qué se debe esta mayor permisividad en España?

-Yo creo que es una cuestión de cultura política que se remonta a hace muchos años. Todo el tema de la especulación urbanística, que incentivó muchas prácticas de corrupción, no se dio en el resto de países europeos con la intensidad que se dio en España. Además, la mayoría de los países de Europa llevan muchos más años de democracia que nosotros. Eso también marca la diferencia en lo que se refiere a la cultura democrática.

-Muchos opinan que los políticos son un reflejo de la sociedad que los elige. ¿Existe un cierto consentimiento social hacia este tipo de prácticas?

-Yo creo que sí que existía un cierto consentimiento, pero que en los últimos años ha ido a menos. Pero si pensamos en Valencia u otras comunidades, en las que se gastaron cantidades ingentes de dinero, la gente participaba de eso indirectamente porque se veían beneficiados por eso.

-¿En qué medida la externalización de servicios públicos ha influido en casos de corrupción?

-Muchos apuntan a eso y yo estoy de acuerdo. Es cierto que puede haber funcionarios que se corrompen, pero también hay grupos empresariales que corrompen y que se han beneficiado mucho de la privatización de determinadas actividades. Incluso hay municipios en Europa donde todos esos servicios han vuelto a ser públicos.

-Algunos de los cargos imputados aluden a que no cometieron delitos, pese a que a ojos de los ciudadanos sus prácticas no fueron del todo correctas. ¿Existe una responsabilidad política que va más allá de la responsabilidad judicial?

-Ya no solo responsabilidad política, sino también moral y ética. Este tipo de prácticas que está sacando a la luz el sumario de la operación Pokemon, como las de colocar a gente amiga en empresas concesionarias, son un motivo de dimisión clarísimo.

-¿Cómo se puede poner coto a la corrupción?

-Es algo difícil de resolver. Evidentemente, el castigo de los ciudadanos con el voto es importante, aunque lo que las encuestas nos están mostrando es que la gente están dejando de votar a algunos partidos para pasarse a la abstención. Veremos que pasa en las municipales, pero creo que la abstención va a subir, porque la gente está ya cansada de la corrupción, al tiempo que viven situaciones en que ya no tienen ni para lo más básico.