El Ágora es el cambio de gobierno, el traspaso de poderes. El exalcalde Losada fue a recorrer sus pasillos para inaugurarlo in extremis, el último día habilitado por la ley electoral para hacerlo. El nuevo Ejecutivo del PP asumió como una de sus tareas iniciales dotarlo de contenido. Buena parte de sus servicios, desde la limpieza al mantenimiento de los extintores, serían externalizados. Muchos vieron en el edificio una oportunidad, tanto para lograr algún lucrativo contrato público o empleo. "Están llegando papeles de todo el mundo, que todo el mundo tiene puestas las ilusiones ahí", comentaba el delegado de Vendex, José María Tutor, en un pinchazo telefónico de enero de 2012, cuando la ciudad sumaba más de 22.000 desempleados. Varias páginas de la parte del sumario de la operación Pokemon revelada por la juez Pilar de Lara se centran en el centro sociocultural.

Para que la infraestructura, financiada con fondos europeos a través del Urbana C, no se convirtiera en un dispendio de otras épocas, en un continente con sobrecoste sin contenido, ambos Ejecutivos se afanaron en dotarlo con urgencia de actividad. Al equipo de Javier Losada le pilló el toro y lo inauguró sin programación pero ya con los servicios más urgentes en marcha, como la limpieza y la vigilancia. Al equipo de Carlos Negreira le tocó asumirlo como propio, después de sus críticas furibundas en la oposición, y aprovechar este espacio de relación de lujo entre Agra do Orzán, O Ventorrillo y San Pedro de Visma.

"Hay cola para enchufar en A Coruña", espetaba una trabajadora de Vendex en la ciudad a un compañero de Santiago, que le manifestaba que era "urgente enchufar a uno", según las conversaciones grabadas por Vigilancia Aduanera por orden de la juez De Lara a partir de inicios de 2011, justo el año en el que se producía el cambio de gobierno en el Palacio de María Pita tras las elecciones de mayo.

En el auto del 2 de diciembre por el que la instructora instaba a Aduanas a recoger información de equipos informáticos y correos electrónicos de varios concejales, altos cargos y funcionarios del Concello -entre ellos el número dos del Gobierno municipal, Julio Flores, y el concejal socialista, José Nogueira-, ordenó requisar los expedientes completos relacionados con la prestación de servicios en el centro cultural Ágora, "tramitados y resueltos durante los años 2011 y 2012".

Entre ellos, la juez demanda uno sobre la limpieza correspondiente a 2011, cuya información pública no está en la web municipal; otro de vigilancia y servicios otorgados por solo seis meses a Sermasa por 60.00 euros también durante el Ejecutivo de PSOE y BNG; y un tercero, ya de julio, y por tanto ya con el Partido Popular, para limpieza, conserjería y mantenimiento del Ágora. Este último fue otorgado a una de las filiales de Vendex -Procedimientos de Aseos Urbanos PAU- por un año por más de 291.000 euros. De Lara exige además, "cualquier otro contrato o expediente que conste en los archivos municipales".

El Ágora guadianea en muchas de las conversaciones intervenida a Tutor y a algunos de sus empleados con funcionarios, asesores y altos cargos del Ayuntamiento coruñés, municipio que es identificado por los investigadores como "una importante fuente de ingresos, dado que tiene asignada una gran cantidad de contratos, por lo que José María Tutor hace numerosas visitas a las oficinas del Concello de A Coruña".

En este sentido, destacan precisamente una llamada "en relación con los contratos y la próxima concesión del Ágora". Es febrero de 2012. José María Tutor llama a la jefa de Contratación, que le dice que lo del Ágora no va a la junta el viernes que va "dentro de tres semanas". "Tutor le dice que mejor", describen los investigadores, que registran que dicho alto cargo advierte al responsable de Vendex que desde el Gobierno municipal le han pedido "un listado con todos los contratos que tiene y con los plazos".

En otra charla grabada en septiembre de 2011, realizada de Tutor "a Julio", este último le pregunta si hay "alguna posibilidad" de que un hombre "tenga algo". "Tutor le dice que pueden hacer algo en el Ágora cuando arranque un poco", recoge Vigilancia Aduanera. En otros pinchazos, Tutor se interesa con sus empleados por hacerse algunos de los contratos que se van a sacar en el centro de Monasterio de Caaveiro y en otro queda para ir a firmar una de las adjudicaciones para el centro que le acaban de dar.

Con esta actividad nueva, que no obliga a echar, subrogar ni a mover a nadie de sus puestos de trabajo, vuelan las peticiones y las recomendaciones. "Están llegando papeles de todo el mundo, todo el mundo tiene puestas las ilusiones ahí, se van a meter cinco personas, pero dos ya están, van a ser tres más, ya te diré", dice el delegado de Vendex, según la parte del sumario de la operación Pokemon levantada por la juez.

Esta primera fase, centrada en Lugo, Ourense y Santiago, fue el origen de un "monográfico" sobre la política de empleo que se mantenía en la Administración municipal a base de supuestos enchufes en empresas de Vendex con contratos sostenidos con dinero de las arcas de todos los coruñeses.

"Este hecho de contratación de personas afines al órgano oficial contratante y solicitados al adjudicatario se repite a lo largo de la investigación, tratándose de una contraprestación a los favores recibidos por el grupo Vendex, sospechan los investigadores de Aduanas y la juez, que argumentan que "existen diferentes referencias a este hecho a lo largo de la investigación". Entre las personas en cuya actividad escarba Vigilancia Aduanera está el portavoz municipal, Julio Flores, a quien habrían grabado cuando pedía a Tutor que contratase a varias personas.

El concejal de Seguridad es uno de los 19 imputados en la ciudad -entre políticos, altos cargos, funcionarios y trabajadores del grupo Vendex- dentro de la operación Pokemon. La juez solo ha levantado una parte del secreto de sumario y prorrogó la reserva de las actuaciones sobre otra parte durante quince días, esto es, hasta el jueves 13 de febrero.

El alcalde, Carlos Negreira, ante las sospechas de los investigadores sobre acciones de su Gobierno municipal ha optado por pedir que se levante en su totalidad el secreto de sumario para, solo entonces, comenzar a tomar decisiones.

El grupo municipal del BNG remitió ayer una nota de prensa en la que exigen al regidor que aclare "si tenía conocimiento o no de las actuaciones de Julio Flores y de si este actuaba unilateralmente o a instancias de lo que el propio alcalde le decía". "Según se desprende del sumario, no parece desacertado decir que sí tenía conocimiento", añade.