Hacía ya casi cuatro años que el Ayuntamiento tenía en mente prohibir la circulación de vehículos por la Ciudad Vieja para mejorar la calidad de vida de los residentes en este barrio, pero a comienzos de 2004 el proyecto permanecía paralizado, en especial a causa de las elecciones municipales celebradas el año anterior, puesto que la polémica surgida en la zona por esta iniciativa animó al Gobierno local a meterla en el cajón para no perjudicar sus expectativas electorales. Tras los comicios, los responsables municipales reanudaron las conversaciones con los representantes de los vecinos, con quienes pactaron que la prohibición de usar el coche solo afectaría a quienes no residían en la zona, excepto para quienes llevaran sus hijos a los colegios por las mañanas.

Otra de las cuestiones que ambas partes habían acordado era la concesión de tarjetas a los familiares de los vecinos de mayor edad para que pudieran circular y estacionar en la Ciudad Vieja en cualquier momento del día para poder acudir a atenderlos, autorización que también se extendería a los conductores que tuvieran que desplazarse con frecuencia a las iglesias del barrio y al Palacio de Capitanía.

Pero, de forma sorpresiva, en los primeros días de febrero el concejal de Tráfico, Carlos González-Garcés, se puso en contacto con el abad de la Colegiata de Santa María del Campo, el párroco de Santiago y el prior de los Dominicos para informarles de que la Ciudad Vieja iba a ser peatonalizada a partir del mes siguiente y de las normas que regirían para el acceso de vehículos hacia sus respectivas iglesias cuando se oficiaran bodas en ellas.

Cuando LA OPINIÓN hizo públicos estos contactos, los dirigentes vecinales del barrio se quedaron estupefactos al ver que el Gobierno local informaba sobre el proyecto a las autoridades eclesiásticas antes que a los residentes, por lo que calificaron esta actuación de "aberrante". Los responsables de la asociación de vecinos reprocharon al Ayuntamiento que se pusiera en contacto con la Iglesia en lugar de con ellos, después de haber estado negociando la peatonalización durante los últimos años.

"No sé por qué, pero parece que en el Ayuntamiento odian a una asociación que representa a la mayoría de los vecinos, porque de otro modo no se explica que informen a los sacerdotes e ignoren a la asociación de vecinos", declaraba uno de los entonces directivos del colectivo, Francisco Paniagua.

El telón de fondo de este falta de entendimiento eran las continuas discrepancias entre esta entidad y el Gobierno local, al que recriminaba de forma continua su política hacia la Ciudad Vieja, en especial en materia de rehabilitación, ya que en aquellas fechas todavía no se habían iniciado los planes para la recuperación de viviendas y edificios a través del Área de Rehabilitación Integral aprobada para este barrio.

Pero a pesar del anuncio efectuado por González-Garcés a los responsables eclesiásticos, en marzo de 2004 no se puso en marcha la peatonalización del casco histórico. Quizás el temor del Gobierno local a las protestas vecinales le hizo dar marcha atrás en su proyecto, que ya había tenido tiempo atrás otro episodio de este mismo cariz con la instalación de barreras y puntos de control en cinco accesos a la Ciudad Vieja, actuación que se anunció en 2002 como el punto de partida para la peatonalización, aunque estos aparatos nunca llegaron a utilizarse.

Esa decisión tuvo consecuencias para el Ayuntamiento años más tarde, ya que los mecanismos instalados fueron subvencionados por la Unión Europea con 318.000 euros. En 2009, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude recibió la denuncia de un vecino coruñés sobre la falta de uso de esos aparatos, que fueron retirados a raíz de esa iniciativa, ya que a su juicio constituía una vulneración de las normas sobre las subvenciones. La investigación de Bruselas concluyó que el Ayuntamiento había actuado de forma irregular y le obligó a devolver las cantidades concedidas, mientras que la peatonalización ha siguió sin aplicarse.