La grabación ordenada por la juez de la conversación de José María Tutor con una alta funcionaria municipal el 21 de agosto de 2012, poco antes de la adjudicación del servicio de mantenimiento biológico del Acuario, revela el cambio de actitud mostrado por el Gobierno local hacia el grupo Vendex. La empleada explica a Tutor que en un primer momento había "reticencias" a que una empresa de esta corporación recibiese la adjudicación porque ya "tenía muchos contratos" con el Ayuntamiento, pero que con "este paso" el grupo "va a dar un salto importante". "Te vamos a facilitar todo lo que podamos porque nos estás haciendo un gran favor", le asegura la funcionaria a Tutor, a quien le explica que esta actuación le podría proporcionar nuevas concesiones de servicios municipales y que además una empleada de Vendex es hermana suya, aspecto que el delegado del grupo supuestamente desconocía.
La adjudicación del mantenimiento biológico del Acuario fue objeto de polémica desde el primer momento, ya que cuando se efectuó, en noviembre de 2012, Vendex ya era investigada en la operación Pokemon. Eso llevó a la concejal Rosa Gallego a declarar: "Prevaricar es no darle el contrato a quien se lo merece", con lo que pretendía justificar que Sermasa, una de las filiales del grupo, se hubiera hecho con esta concesión. Los recursos presentados por otros concursantes hicieron que el Gobierno local encargase un informe a técnicos externos acerca de las ofertas presentadas, que finalmente ratificó la adjudicación a Sermasa, aunque en otra grabación el concejal Julio Flores reclama a Tutor que le diga qué expertos deben elaborar ese dictamen.
Las conversaciones grabadas por la juez Pilar de Lara revelan para el BNG que frente a las declaraciones de los dirigentes municipales del PP sobre la gestión austera y rigurosa del Ayuntamiento se realizaba un uso "perverso y partidista de la Administración para fines particulares". Los nacionalistas afirman que mientras los populares "machacaban" a los ciudadanos con recortes, ellos "llevaban una vida loca en la gestión de lo público". Los concejales del Bloque mencionan las facturas falsas, la colocación de allegados, la revisión de precios y la redacción de bases de contratación en connivencia con la empresa que iba a ser adjudicataria como supuestas conductas de los imputados en esta causa judicial, al tiempo que acusan al alcalde, Carlos Negreira, de ser un "maestro" en la conjugación del verbo "escaquear" por no tomar medidas en relación con las personas que trabajan en el Ayuntamiento que son investigadas.
