La sospecha de que la empresa de la grúa y la ORA reducía los ingresos y aumentaba los costes de su servicio mediante una doble contabilidad para que el Ayuntamiento, obligado por contrato, cubriese el déficit activó en octubre de 2012 una investigación municipal para supervisar la concesión, que correspondía -y todavía corresponde- a Doal, una de las filiales del grupo Vendex.
La dirección del área de Seguridad y Movilidad, el departamento de Transportes y Movilidad y la sección de Circulación se encargaron, desde incluso antes de 2012, a mediados de 2011, y hasta enero de 2013, de diseñar una inspección económica y de examinar las condiciones del contrato de la grúa y la ORA para comprobar esas sospechas. Estas áreas del Concello aprobaron un plan de trabajo de inspección económica de la concesión el 15 de octubre de hace dos años. El acuerdo, en el que se trabaja desde meses antes, se adoptó cuatro días después de que se produjera en el Palacio de María Pita el primer registro de los investigadores judiciales para acceder al expediente completo de contratación de estos servicios que presta Vendex.
La decisión de elaborar una investigación municipal del contrato que regula la retirada y el depósito de vehículos -un servicio deficitario desde mayo de 2008- y las sospechas que la propiciaron aparecen en un informe que el exdirector de Seguridad y Movilidad Germán Lago, destituido por el Gobierno local en enero de 2013, ha elaborado para enviárselo a la juez Pilar de Lara, que instruye la operación Pokemon por una supuesta trama de favores a Vendex en municipios gallegos, entre ellos A Coruña. En dicho documento, al que ha tenido acceso este periódico, se reseña además la sucesión de algunas reuniones previas a octubre de 2012 entre el director de Vendex en Galicia, José María Tutor, y distintos cargos municipales, entre ellos el primer teniente de alcalde y responsable de Seguridad y Movilidad Julio Flores, imputado en la Pokemon.
Vendex presentó un plan de mejora del servicio en varias reuniones con cargos municipales en los últimos dos años. Proponía, entre otras ideas, un mayor control de la ORA y modificar la ordenanza reguladora de esta prestación.
El informe recoge que el motivo por el que se inició un proceso para supervisar las condiciones económicas del contrato con Doal fue que se detectaron diferencias entre el personal real y el establecido en los pliegos de la concesión y que existían "sospechas sobre la facturación, los ingresos, las liquidaciones, etc.". "Se supone que puede haber una doble contabilidad en la cual se reduzcan los ingresos y se aumenten los costes con la finalidad de presentar liquidaciones negativas que obliguen al Ayuntamiento a aportar la diferencia entre lo presentado y el precio establecido en el contrato", añade Germán Lago, inspector jefe de la Policía Nacional en A Coruña.
Vendex se dedicaría supuestamente a falsear las cuentas de ingresos y de costes comunicadas a los técnicos municipales para obtener mayores beneficios de forma ilegal. Si se obtuvieran beneficios con más retiradas de coches por la grúa y más plazas de aparcamiento reguladas por la ORA, Vendex, por contrato, solo tendría derecho al 5% de esas ganancias; el 95% repercutiría en el Ayuntamiento. Del otro modo, reflejando menos ingresos y más gastos, la concesionaria recibiría del Concello más cantidad de dinero, al tener que suministrarlo éste para sufragar el déficit, según le obliga el contrato.
Estas sospechas llevaron también a las áreas de Seguridad y Transportes a solicitar una auditoría sobre Doal en noviembre de 2012, petición que se repitió en 2013 y que finalmente el Ayuntamiento contrató a la empresa Deloitte. En enero de 2013, después de diseñarse el plan de inspección de la grúa y la ORA, el Gobierno local destituyó a Germán Lago como director de Seguridad y Movilidad con la justificación de dar un "impulso" al área, según el alcalde, Carlos Negreira. El Gobierno local no ha ofrecido conclusiones de esta investigación.
La concesión de la grúa y la ORA que la filial de Vendex obtuvo en 2005 generó beneficios en los primeros tres años, pero encadena casi cinco años de pérdidas, lo que obliga al Concello a pagar unos 600.000 euros cada ejercicio para cubrir el servicio deficitario.
La dirección de esta concesión correspondió entre agosto de 2009 y marzo de 2012 al Jefe de la Policía Local, Antonio Alfeirán, quien, sin embargo, en un informe del área de Hacienda de noviembre de 2011 admitió que desconocía la asignación formal de la dirección de la concesión y que colaboraba en la supervisión de la misma por petición de los concejales de Movilidad, según recoge el documento que Lago envía a De Lara.
El alcalde destituyó a Alfeirán como jefe de la Policía Local en diciembre de 2011. En marzo de 2012, el Ayuntamiento nombró nueva directora de la concesión de la grúa y la ORA a la jefa de sección de Circulación.
