La apertura de la sala de conciertos Garufa en la calle Comandante Barja ha generado un conflicto entre los gestores del recinto y los vecinos del inmueble del que parece no haber salida. Ambas partes mantienen posturas radicalmente contrarias acerca de la actividad que se desarrolla allí, sin que por el momento haya visos de que puedan alcanzar un acuerdo.

El local albergó durante años la sala de cine Valle-Inclán y posteriormente dos establecimientos de hostelería, el último de los cuales fue Twenty Century Rock. El año pasado, los responsables de la sala Garufa, hasta entonces situada en la Ciudad Vieja, decidieron trasladar a Comandante Barja la organización de sus conciertos, para lo que solicitaron licencia de apertura.

Ya ahí comenzaron los problemas, puesto que la comunidad de propietarios asegura que no recibió ninguna comunicación, aunque Pepe Méndez, responsable de Garufa, replica que habló con una de las propietarias de uno de los pisos de la primera planta. "Tenemos una licencia del grupo 4 que se somete a información pública, por lo que pudieron presentar alegaciones, y si no lo hicieron fue por dejadez o despiste", añade Méndez.

Tanto el empresario como los propietarios se reprochan la actitud con la que han afrontado su relación. "Un vecino me dijo de un modo muy insolente que tenía mucho poder y que iba a hacer todos los requerimientos para que el local no se abriese o se cerrase inmediatamente", afirma Méndez, mientras que los habitantes del edificio le acusan de desarrollar su actividad sin tener en cuenta las molestias que a su juicio les causa.

El 10 de octubre de 2013 se efectuó una medición de sonido en los dos pisos de la primera planta que no superó los límites, aunque una de las propietarias manifestó, según Méndez, que no quería allí ningún tipo de negocio. Pese a que los vecinos aseguran que Twenty Century Rock fue denunciado durante los años que estuvo abierto, Méndez lo niega y explica que ese local tuvo una insonorización adecuada, que comprobó mediante una peritación cuando alquiló este bajo. Al examinarlo, apreció que los antiguos ocupantes habían depositado escombros bajo la tarima del suelo, por lo que tuvo que retirarlos durante las obras en las que reubicó la barra y colocó paneles para insonorizar el perímetro del local.

Esos trabajos no precisaban licencia porque en principio se consideraban menores, pero los propietarios de las viviendas presentaron en diciembre una denuncia que motivó una inspección de Urbanismo que reveló que todo estaba en regla. Pero al mes siguiente volvieron a denunciar al local y la inspectora que lo examinó estimó que el volumen de las obras superaba lo que se había comunicado al Ayuntamiento, ya que su presupuesto debía situarse en 138.000 euros. Para Pepe Méndez, esa valoración fue "un despropósito", ya que asegura que supuso multiplicar por diez la cuantía de los trabajos que se llevaron a cabo.

Según Rebeca Vila, abogada de los propietarios, "si no hicieron obra mayor es imposible que hayan insonorizado el establecimiento", a lo que añade que los trabajos realizados "tampoco responden a una obra de insonorización y exceden de la naturaleza de la licencia que solicitaron". Lo cierto es que el Ayuntamiento abrió un expediente en el que le exigió solicitar una licencia de obras, pese a lo cual Garufa pudo iniciar su actividad el 26 de febrero de este año, solo cinco días después de intentar realizar la segunda medición de sonido que exige la ley en los dos pisos de la primera planta. El empresario recuerda que ninguna de las dos vecinas les abrió la puerta, como constata un acta policial en la que se explica que las afectadas prefirieron consultar con su abogada sobre esta actuación.

Después de tres meses de actividad en la sala sin ningún incidente, los propietarios presentaron una denuncia el 16 de mayo y la medición realizada por la Policía Local dio un resultado de 49 decibelios, cuando el máximo autorizado es de 30, lo que motivó el cierre inmediato de la sala. Méndez considera inaudita esa medida porque no se realizó el trámite de audiencia con los gestores del local y que la medición negativa fue consecuencia de que el sonido no se pudo calibrar bien al no poder hacerse la última comprobación en los domicilios.

"No se llega a los 49 decibelios, sino que hay unas frecuencias por vibraciones que suponen penalizaciones. No sé si habrá un local en la ciudad que cumpla más que nosotros", comenta Méndez. Para poder reabrir la sala, el empresario solicitó unas nuevas mediciones y las comunicó a las vecinas del primer piso con 48 horas de antelación, aunque ellas manifiestan que fueron solo 24 y que además los técnicos se presentaron a las seis de la mañana, horario que confirma el responsable de Garufa porque así lo exige la normativa.

Después de que estas mediciones revelaran que no se superaban los límites, el Ayuntamiento permitió que el local reiniciara la actividad, pero las desavenencias continúan. "Por los vecinos no habría problema si se hicieran bien las cosas, pero no se acometieron las obras necesarias ni creemos que las quieran hacer", destaca la abogada de los propietarios. "Siempre he intentado el diálogo pero ha sido imposible porque solo he recibido malas caras, gritos y desprecios", responde Méndez, quien insiste en que hizo todos los trabajos requeridos y que tiene la licencia de actividad en regla.