Los realojos de residentes en el parque ofimático que el Ayuntamiento se comprometió a garantizar a través de la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa) hace cinco meses continúan en punto muerto mientras el Gobierno local requiere nuevos desalojos en la zona. Las catorce personas que desde finales de marzo abandonaron sus casas después de que el Concello y los grupos de la oposición consensuaran las condiciones con las que asegurar una solución individualizada para cada familia viven ahora en otros domicilios sin ninguna garantía municipal de realojo durante la construcción del polígono residencial. El Ayuntamiento, consultado por este periódico para conocer si Emvsa había presentado alguna solución mediante la compra de los derechos urbanísticos de los vecinos, no ofreció ayer ninguna respuesta.
Cinco de las doce familias que todavía residen en el parque ofimático, en concreto en terrenos ubicados entre Eirís y Matogrande, incluso al otro lado de la avenida Alfonso Molina, han sido requeridas ahora por el Concello para dejar sus inmuebles, ya que así lo dicta una resolución judicial sobre la que no cabe recurso. Tienen un mes de plazo para entregar las llaves de sus casas voluntariamente o el Gobierno local procederá a su desalojo forzoso.
Los nuevos afectados aseguran que el dinero que reciben por la expropiación de las parcelas de sus inmuebles no es suficiente para costear los gastos de urbanización que están obligados a pagar por ser considerados promotores del ofimático. Además, creen que los terrenos que ocupan serán destinados a construir nuevas viviendas y no equipamientos escolares, como está reflejado en el proyecto de urbanización.
Estos vecinos se suman a otros perjudicados que ya han tenido que marcharse de sus casas y que siguen sin saber si tendrán garantizado el realojo. Hace medio año el Gobierno local se apoyó en el informe jurídico de un abogado para convencer a catorce personas de cuatro familias sobre las que pesaban órdenes judiciales para que abandonasen sus viviendas y permitiesen a las cooperativas de propietarios construir sus edificios. La solución general se basaba en que Emvsa comprase los derechos de edificabilidad a los caseros, ejerciese de promotor y luego les vendiese las viviendas a cambio del coste de esos derechos. Pero el acuerdo, para el que el PP reclamó consenso político, no fue fácil de alcanzar.
La oposición exigió informes de la Asesoría Jurídica, el interventor y el secretario general del Ayuntamiento para cada solución particular. Urbanismo, que tuvo entonces mucha prisa para llevar la resolución a la votación del pleno municipal, no entendía entonces que esos requisitos fueran necesarios. Pero acabó cediendo. La solución, en cambio, no llegó al pleno.
Los vecinos entregaron sus llaves; unos se instalaron con familiares y otros se buscaron un piso de alquiler por su cuenta a la espera de que Emvsa les ofreciese las soluciones particulares previstas. El concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, comentó que llevaría tiempo porque no eran casos sencillos. A día de hoy no hay avances. El Concello no informa de ellos. "Las reuniones y el informe no sirvieron para nada, quedaron en agua de borrajas. Nadie nos ha ofrecido nada en este tiempo", protesta José Antonio Fraga, uno de los vecinos que ya no vive en el ofimático.
La plataforma Stop Desahucios ha denunciado las nuevos desalojos con los que el Concello presiona a los vecinos, que hoy volverán a protestar en la avenida Alfonso Molina. El edil de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, comentó ayer que ninguno de estos residentes se ha dirigido hasta ahora a su concejalía, cuyas puertas, dijo, "están abiertas".
