Tres familias fueron desalojadas ayer del edificio que habían decidido okupar hace algo más de un año. No habían recogido sus cosas, así que la comisión judicial asistida por la Policía Nacional le dio un poco de tiempo a los habitantes del número 16 de la plaza Padre Rubinos, en Os Mallos, para que sacasen a la calle sus pertenencias. Una joven que vivía con su hija en uno de los ocho pisos del edificio, decidió ahorrarse el trago del desahucio y se marchó unos días antes de que se produjese el lanzamiento, según sus vecinos.

Jennifer Veiga, una joven madre de tres menores, asegura que ella fue la primera en entrar en el inmueble. "Los vecinos me dijeron que estaba embargado y que llevaba ocho años vacío", explicó ayer. "Estaba trabajando pero me quedé en el paro hace un año y medio, con una paga de 426 euros y con un alquiler de 350 euros y dos niños [ahora tiene también un bebé de ocho meses]", dice Veiga. Lo que viene después es lo de casi todos los casos. Se acumulan los impagos de la vivienda y el dinero que entra cada mes se utiliza "para comer" y no para hacer frente a las facturas, así que, la familia acaba, irremediablemente, en la calle, en busca de otro techo, aunque sea al margen de la ley.

En el segundo piso vivía, hasta ayer por la mañana, Julio César Ortega. Tiene 38 años y es marinero de profesión, aunque el último barco en el que trabajó llegó a puerto en junio del año pasado. Él llegó en diciembre de 2013 a la plaza Padre Rubinos junto a su pareja y su hermano, que está enfermo y que, ayer, mientras Julio César sacaba de la vivienda sus pertenencias, se fue a comer a la Cocina Económica. A media tarde, Julio no sabía todavía dónde iba a pasar la noche. "Mi mujer se fue a hablar con la abuela, a ver si la deja guardar nuestras cosas allí y se puede quedar a dormir. Yo ya me buscaré la vida, como siempre", decía ayer, resignado, este marinero que, asegura que pasó diez años yendo al Gran Sol y que sufre, como tantos otros, los recortes en la flota. "No sé, pero donde encuentre, le doy una patada a la puerta y me meto dentro otra vez", zanjaba ayer, con su cigarro en la mano, Julio César Ortega.

En el edificio residían también Lucía Borja, que se dedicaba a la venta ambulante, aunque, actualmente no tiene trabajo, con su hija.

A las puertas del edificio, en cuya fachada luce todavía un anuncio de la empresa Nexus diciendo que las viviendas están a la venta desde 169.500 euros, se amontonaban ayer los muebles y pertenencias de los que, durante más de un año habían hecho de la plaza Padre Rubinos su nuevo, aunque improvisado, hogar.

El desalojo se desarrolló sin grandes incidentes, aunque, eso sí, entre los gritos de los afectados, de sus familiares y amigos, que coreaban consignas como "un desalojo, otra okupación". El único momento en el que hubo un poco de tensión fue cuando uno de los agentes quiso identificar a un menor porque estaba grabando con el móvil cómo los que habían sido sus vecinos desarmaban sus casas y bajaban a la calle sus televisiones, colchones, mascotas y juguetes.

Al finalizar el lanzamiento, cuando ya los agentes se habían marchado y la comisión judicial había terminado su trabajo, los recién desahuciados fantaseaban con la posibilidad de volver a meterse en las viviendas que habían okupado meses atrás por una ventana del entresuelo que había quedado medio abierta. Finalmente, decidieron no hacerlo.