Ha pasado más de un año y medio desde que estalló el primer desahucio mediático en la ciudad, el primero que consiguió paralizar la presión social, el de la octogenaria Aurelia Rey.

Fue el 18 de febrero de 2013. La plataforma Stop Desahucios había convocado una concentración frente a la casa de la mujer para intentar que la comitiva judicial no consiguiese subir a la vivienda. Después de que la Policía Nacional no consiguiese abrir con una cizalla la cadena que impedía el paso al portal, el operativo solicitó la intervención de una dotación de Bomberos. En ella iba Roberto Rivas, que, según relató en una entrevista concedida a LA OPINIÓN, de camino a la calle Padre Feijóo pensaba que sus servicios habían sido requeridos para apagar algún contenedor.

Entonces, tenía ya claro que no iba a colaborar si le mandaban facilitar la entrada de la comitiva judicial en la vivienda. "Los bomberos no debemos realizar este tipo de servicios. Accedimos por oposición a nuestros puestos para hacer unas labores determinadas y no está entre ellas, echar a la gente de sus casas", comentó el bombero, que esta semana participó en la vista del recurso de la multa de 600 euros que le impuso la Subdelegación del Gobierno por "alteración del orden público".

Él defiende que no fue su negativa sino el hecho de que el jefe de turno fuese una hora más tarde a la calle y colaborase con la policía, lo que originó los altercados entre los agentes y los manifestantes.

Aurelia Rey no fue desahuciada ese día, a pesar de que la puerta, finalmente, se abrió, tampoco lo fue al siguiente ni al otro. En su puerta durmieron durante una semana activistas del colectivo por si se ejecutaba la sentencia que ordenaba su desalojo por impago de alquiler y bomberos de muchos parques decidieron que no participarían en los desahucios. La mujer llegó a un acuerdo con sus caseros y, al final, la Xunta le concedió un piso de precio protegido en el barrio de Eirís.

No fue el último desalojo mediático del año, para el 8 de octubre estaba marcado el de Elisabeth Sanlés, que, para entonces llevaba un año sin pagar el alquiler de 400 euros de su vivienda en O Castrillón. Los funcionarios del Servicio Común de Notificaciones y Embargos acudieron sin escolta policial y, al ver la concentración de activistas en la puerta y con el beneplácito del representante legal del propietario, se fueron. La sentencia se cumplió el 27 de noviembre ante un gran dispositivo policial, con más de una decena de grilleras, y se saldó con seis detenidos por desorden público. Sanlés se encadenó a una ventana para intentar frenar el desahucio, pero no lo consiguió.

El centro social okupado de Palavea (CSO), afincado en el antiguo internado de las Oblatas, tenía orden de desalojo para el 17 de marzo, entonces, no se ejecutó el lanzamiento, se hizo una semana después, cuando ya estaba vacío.

Los desahucios, según los datos del primer trimestre de 2013, descendieron un 44% respecto a las cifras de 2012. En todo el partido judicial -A Coruña, Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, Culleredo y Oleiros- se ejecutaron 193 lanzamientos en tan solo tres meses, casi la mitad que el año anterior, cuando se formalizaron 348. Una de las razones de que bajase esta cifra es que las entidades bancarias son más partidarias ahora que antes de renegociar las deudas. Muchos de los vecinos que se ven en el trance de recibir una orden de desalojo prefieren abandonar la vivienda antes de que llegue la comitiva judicial. La plataforma Stop Desahucios invita a todos los afectados a acudan a sus reuniones para poder recibir asesoramiento y asistencia legal. A ella acudieron los vecinos del ofimático, aunque la vivienda de Manuel Ramallo, de 86 años, no consiguió salvarse del cumplimiento de la sentencia que ordenaba su demolición. El octogenario entregó las llaves a la policía y el derribo se ejecutó sin incidencias.

El BNG solicitará al Gobierno local en un ruego oral en el pleno de hoy, que suspenda las órdenes de desalojo de los vecinos que residen todavía en el ofimático "mientras no se apruebe definitivamente la modificación del plan parcial del sector 10, que está todavía en trámites y al que han presentado alegaciones. Pedirá que se resuelva también el realojo de las personas que, como Ramallo, ya han sido desahuciadas.