El alcalde defiende que el proceso para consolidar como funcionarios municipales a fichajes procedentes de otras administraciones a través de un sistema de elección a dedo ha seguido de forma escrupulosa la legalidad. Preguntado por la selección, en esta convocatoria, de una imputada de la Pokemon como jefa de Personal, elude referirse directamente al caso e indica que este sistema fue ya empleado por gobiernos anteriores. Delega la responsabilidad en su equipo: "Respeto las decisiones que toman mis concejales y colaboradores, no tengo nada más que decir al respecto". El Gobierno local resolvió el proceso en menos de un mes, justo un día antes de que se aprobase en el Congreso una ley que, una vez ratificada, impediría a estos técnicos foráneos seguir en el Concello en caso de destitución.

Cinco de los once nombramientos de libre designación del PP proceden de otras administraciones. Entre ellos, la exdirectora de los Museos Científicos, interventora de Viveiro y Burela y desde ahora jefa de Personal. Está imputada por la comisión de posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y uso de información privilegiada, según le comunicó la instructora de la operación Pokemon, Pilar de Lara en su declaración en los juzgados de Lugo. La juez investiga si favoreció a Vendex para que ganase el concurso de adjudicación del mantenimiento biológico del acuario.

Negreira alude a la asiduidad con la que las administraciones usan este procedimiento y su amparo legal para justificar su política de contratación. "Es un proceso que utilizan miles de veces las Administraciones públicas y cientos de veces la Administración municipal en la que estamos", indicó a preguntas de este periódico en el exterior de la carpa de Smart City instalada en el Cantón Grande. "Es un proceso reglado, tipificado en la ley", insiste el primer edil del PP, que reprocha que "algunos de los que utilizaron este proceso con profusión, ahora lo critican".

El alcalde resta importancia a que el nombramiento de estos altos cargos coincida con la aprobación de la ley de racionalización del sector público y a que la celeridad del Ejecutivo haya permitido abrir y cerrar este concurso en menos de un mes durante las vacaciones veraniegas. La ley que se aprobó ayer estipula que, en caso de cese, los puestos de libre designación procedentes de otras administraciones (como es el caso de cinco de los once elegidos), tendrían que volver a sus plazas de origen en el caso de que fuesen destituidos. Sin embargo, la normativa añade una excepción: quedarán como funcionarios municipales los nombrados antes de la aprobación de la ley. "Y dentro de unos días se aprobarán otras leyes", replica Negreira, "todo el mundo puede darle vueltas y argumentos de todo tipo para criticar; lo respeto, pero este Gobierno municipal tiene una guía para tomar decisiones en todos los ámbitos".

La oposición cargó ayer contra la política de contratación del Ayuntamiento. La concejal socialista, Silvia Longueira, consideró en rueda de prensa que a su grupo le "llama la atención" cuatro decisiones: "la incorporación y nombramiento como jefa de Empleo de un alto cargo del PP coruñés sin experiencia en la materia", "que Negreira ascienda a una imputada de la Pokemon y la nombre jefa de Personal", "que consolide el ascenso y aumento salarial de sus dos escoltas" y "que el alcalde de la austeridad cree una plaza de asistente de Alcaldía".

El BNG recuerda que la mayoría parlamentaria del Partido Popular en el Congreso "permite con su voto que los Concellos gobernados por el PP, señaladamente el de A Coruña, puedan incorporar a la Administración local por la puerta de atrás a aquellos funcionarios afines que están al frente de jefaturas de servicio por libre designación, incluidos los nombrados en estos días". Los nacionalistas informa de que ellos han votado en contra. "Su rapidez y eficacia solo se da para resolver las inquietudes del PP pero no para resolver los problemas que padece la ciudadanía en el día a día", concluyen.

EU-Os Verdes considera que la "artimaña" usada por Negreira para "blindar y ascender a dedo a sus cargos de confianza" delata "falta de ética y moralidad", usando "el dedazo también en la función pública".