La Policía Nacional detuvo a un total de siete personas por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda pública y contra la Administración pública tras recibir más de veinte millones de euros en subvenciones y adjudicaciones destinadas especialmente a la ejecución de actividades formativas, dentro de la denominada Operación 'Zeta', bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña junto con la Unidad de Auxilio a la Justicia de la AEAT en Galicia. La operación 'Zeta' incluye las diligencias realizadas en torno a las irregularidades observadas -y reconocidas hace ya dos años por la Xunta- en la gestión de fondos públicos por parte de la empresa Azetanet, vinculada al empresario y líder vecinal coruñés Gerardo Crespo, y la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación (Fundefo), también de Crespo; pero también en la Federación Galega de Hostelería, la Federación Galega de Autónomos (Feaga) y el sindicato USOirregularidades hace ya dos años AzetanetGerardo CrespoFundefoCrespoFeagaUSO.

Durante el largo proceso iniciado entonces, los agentes han detenido a un total de siete personas en el marco de la llamada Operación Zeta. Las diligencias fueron declaradas secretas hasta el pasado 10 de octubre, cuando la juez emitió un auto por el que se alzaba el secreto de las actuaciones y se llamaba a declarar como imputadas a siete personas, las mismas que habían sido detenidas por la policía a finales del mes de septiembre. Está previsto que estas declaraciones se celebren en el mes de febrero

Los delitos que se les imputan son fraude de subvenciones, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación documental, entre otros, según detalla la Policía Nacional en un comunicado.

De la investigación se ha concluido que las entidades investigadas han sido receptoras de más de 20 millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas, relacionadas, principalmente, con la formación de autónomos.

La investigación ha puesto de manifiesto el posible uso instrumental de entidades sin aparente ánimo de lucro por ellos dirigidas, para la obtención de subvenciones con el objeto final de generar un beneficio económico a sus presuntos responsables.

Los hacían mediante el desvío de una parte relevante del montante total de dinero público recibido a destinos privados, en fraude del fin por el que fue concedido.

Se ha descubierto que varias de las entidades asociativas subvencionadas, algunas de las cuales de discapacitados, eran presuntamente ficticias en su actividad, estructura y/o asociados.

Los investigadores también han llegado a la conclusión de que por parte de la consultora de formación implicada se ofrecían y, presuntamente, se entregaban porcentajes ilegales del dinero público recibido por clientes tras las adjudicaciones una vez que estos subcontrataban su ejecución con la citada consultora de formación.

A lo largo del desarrollo de la Operación Zeta, la policía ha interrogado a otras 61 personas, veintidós de ellas residentes fuera de Galicia, sobre los que la juez aún no tomado ninguna decisión. Entre las personas investigadas se encuentran responsables de organizaciones de autónomos, fundaciones y profesionales.

La causa se sigue por los delitos de fraude de subvenciones o estafa y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.

En estos momentos la causa consta de 25 tomos, lo que supone más de 12.000 folios. La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial adscrita a la Comisaría Provincial de A Coruña, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña junto con la Unidad de Auxilio a la Justicia de la AEAT en Galicia.

No se descarta que, como consecuencia del desarrollo del operativo y con posterioridad a su realización, se puedan producir nuevas detenciones o imputaciones.