Uno de los principales imputados en el fraude de subvenciones para cursos, la mayoría destinados a desempleados, tejió durante años una red formada por empresas y fundaciones destinada a acaparar ayudas públicas e incorporarlas, según la investigación, a su patrimonio y al de sus colaboradores. En su afán por cuadrar las contabilidades, fingir gastos y abonar el menor número de impuestos, según consta en un informe policial incluido en el sumario, constituyó empresas que carecían de empleados y de actividad.
Ya nacían con la "única finalidad" de formar parte del "chiringuito para captar subvenciones" que había montado Gerardo Crespo en A Coruña y que había expandido por toda España. El sospechoso lo reconoce en una conversación telefónica que mantiene con una de sus empleadas: "El Ministerio fiscal sí que me preocupa porque al final son todo sociedades vinculadas por todas partes", admite.
El imputado figura como el cabecilla de la supuesta organización delictiva, pero los investigadores consideran probado que contó con la colaboración y "protección" de responsables públicos que hacían "la vista gorda en las actividades inspectoras o de control de las subvenciones otorgadas". Las intervenciones telefónicas revelan cómo en enero de 2012 Crespo intenta hacerse con dinero de la Xunta para recolocar a parados del sector textil.
"Lo ideal sería que la gente en vez de estar en su casa estuviese en algún lado. Lo real, genial, pero, ¿qué podemos hacer irreal? Como nos van a pagar al mes, unos mil y pico euros por recolocado, luego no creo que vayan a mirar. Lo que me pide el director es que vista un poco al santo, ¿vale?". La Policía Judicial puntualiza que en esta charla Crespo se refiere al director xeral de Traballo, Odilo Martiñá, que alegó motivos personales para dimitir el pasado mes de septiembre.
El sumario evidencia que el empresario, que es militante del PP, estaba acostumbrado a cobrar millones en ayudas públicas sin pasar ningún tipo de control. De hecho, se desespera cuando en 2012, con la investigación judicial ya iniciada bajo secreto, la Xunta comienza a comprobar el uso del dinero que le adjudica y a reclamarle la devolución de algunas subvenciones. Hasta ese momento, según consta en conversaciones telefónicas mantenidas por el propio imputado, "nadie" le molestaba. Crespo llegó a enviar un mensaje al alcalde, Carlos Negreira, en el que escribió: "Tengo un problema gravísimo y urgente que es una injusticia y me siento indefenso. ¿Cuándo puedo contártelo?". Algunos de sus amigos, afines al PP, lo consuelan. "Con lo que tú has hecho por el partido y la pasta que has soltado...", le dicen.
El sospechoso y sus empleadas -tres de ellas están imputadas en el caso- "amoldaban" gastos y beneficios a su antojo del entramado de compañías y fundaciones del grupo. Así, las empresas de Crespo, siempre según fuentes policiales, emitían facturas a las fundaciones, supuestamente sin ánimo de lucro, que él también dirigía para justificar las ayudas que recibían para realizar cursos o proyectos para autónomos, desempleados o discapacitados. Muchos de ellos ni se hacían; y otros se ejecutaban sin los medios y el material por los que había pagado la Administración.
La directora financiera de una de las compañías reconoce, según recogen los pinchazos telefónicos, que la facturación se realizaba "a conveniencia". Los agentes, que comenzaron la operación Zeta a finales de 2011, aseguran que las compañías lideradas por el empresario coruñés obtuvieron en los últimos años unos 20 millones de euros de las arcas públicas, la mayoría procedentes de la Xunta.
Las fundaciones, un negocio
Las pruebas apuntan a la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación (Fundefo) como la principal generadora de ingresos del grupo dirigido por Crespo. "Para la llevanza de sus sociedades resultaba indiferente que fuesen mercantiles o fundaciones, aún cuando éstas, aparentemente no deberían tener ánimo de lucro", recalca la Policía Judicial en las conclusiones de uno de sus informes, en el que también destacan que resulta "evidente" que las compañías de su entramado tenían como función la de facturar servicios a entidades receptoras de subvenciones, tanto las controladas por el propio Crespo, como el caso de Fundefo, como a las dirigidas por clientes externos como la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), cuyo presidente, Francisco Javier Pérez Bello, también está imputado en la causa, el sindicato USO o asociaciones relacionadas con la hostelería.
