El empresario coruñés afiliado al PP e imputado en la presunta trama de estafa de ayudas públicas millonarias, Gerardo Crespo, registró en los documentos sobre la contabilidad de sus entidades requisados por la Policía Judicial pagos al Partido Popular y a altos cargos de la Xunta. Las anotaciones reflejan dos abonos al PP, uno de 2.000 euros, el día 4 de abril de 2011; y otro de 15.000, el 7 de noviembre de 2011, quince días antes de la celebración de las últimas elecciones generales. Tanto el alcalde y presidente del PP provincial, Carlos Negreira, el martes, como un portavoz del PP de A Coruña, ayer, negaron tener constancia de las supuestas aportaciones de Crespo a la formación política. "Nuestras cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas y se pueden comprobar", señaló ayer el portavoz provincial del partido. Negreira aseveró que "no le consta" ninguna "cuestión de esas".
Las empresas y asociaciones de autónomos y discapacitados investigadas por la unidad especializada en delitos fiscales de la Policía Nacional se embolsaron, según los agentes, unos 20 millones de euros, la mayoría, 15 millones, procedentes de la Xunta, entre 2008 y 2012, por organizar cursos para desempleados que, en muchos casos, ni se realizaron. El Estado entregó a la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), un ente que carecía de actividad y de socios, cinco millones en ayudas entre 2008 y 2012. La instrucción, que continúa abierta, se centró en las operaciones realizadas en los últimos años, pero las entidades dirigidas por Crespo también consiguieron cuantiosas subvenciones de los gobiernos bipartitos, tanto del autonómico como del Ayuntamiento, que no han sido investigadas. Además del empresario, están imputados en la denominada operación Zeta tres de sus empleadas; el presidente de Caype, Eliseo Calviño; el dirigente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello; y el director de la Feria de Autónomos de Galicia, José Luis Fraga Ameneiros.
Los agentes concluyen, basándose en conversaciones telefónicas, correos electrónicos y mensajes intervenidos, así como en la documentación decomisada a los sospechosos, que Crespo tenía "relaciones permanentes" con "políticos y funcionarios especialmente relacionados con las subvenciones y/o adjudicaciones de las que su grupo empresarial podía ser y era destinatario". Los pinchazos revelan, siempre según la Policía Judicial, que era "recurrente" la relación del empresario con "responsables del Ayuntamiento de A Coruña, Consellería de Traballo de la Xunta y Diputación de A Coruña, así como con personas especialmente relacionadas con el Partido Popular".
En la contabilidad no oficial decomisada por los funcionarios durante los registros en las empresas de Crespo figuran pagos a Odilo Martiñá Rodríguez, que era director xeral de Relacións Laborais de la Xunta, por importe de 5.700 euros, entre 2009 y 2011. Los archivos informáticos localizados por el 091 recogen, según un informe policial, que Crespo abonó a Odilo Martiñá desde 2006 hasta mayo de 2009, en concepto de "servicio de asesoramiento", 300 euros mensuales, lo que sumaría "una cantidad cercana a los 18.000 euros". El alto cargo del Ejecutivo gallego, que no está imputado, dimitió el pasado mes de septiembre tras ser llamado a declarar en comisaría por los investigadores de las presuntas irregularidades en los cursos de formación. El que ejercía como jefe territorial de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta en A Coruña, Luis Alberto Álvarez Freijido, recibió, según la contabilidad de la caja B, 8.000 euros entre mayo de 2010 y enero de 2011. Freijido, que en la actualidad tenía un puesto de responsabilidad en la Diputación, dimitió ayer. Las cuentas confiscadas por los agentes también reflejan regalos al jefe de servicio de Gestión Administrativa de Formación para el Empleo, dependiente de la Xunta, Joaquín Vila Sampayo, así como obsequios para su hijo y su mujer. El importe de los regalos, según el sumario, es de 922 euros. Tanto Martiñá como Freijido y Vila fueron designados como altos cargos de la Xunta por el PP.
En un correo enviado a Crespo por la directora del área financiera de una de sus empresas se puede leer: "Como que caja B, caja B, será top secret de la KGB... Je, je". Uno de los protagonistas del sumario es Francisco Ramón de Lucas Blanco, conocido como Pachi, empresario de Madrid que, según la Policía Judicial, actuaba "de intermediario" con el PP. "Gerardo Crespo le abonaba un dinero por la práctica de gestiones de interés", aseguran los investigadores. La contabilidad B también evidencia pagos del imputado a asociaciones de hostelería dirigidas por Héctor Cañete, afín al PP, por importe de 82.482 euros. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Salvador de Madariaga y trabajador de la Diputación Provincial de A Coruña, Juan Sáenz-Chas, vinculado al PP, figura como receptor de dinero en metálico y de 18.082 euros de la Caja B, que también refleja devoluciones por importe de 13.000 euros al sindicato USO Galicia, entre otras entidades. "Para esta instrucción no pueden interpretarse estos pagos sino como comisiones por la adjudicación de subvenciones y/o adjudicaciones de contratos públicos o por su nulo control posterior", recalcan los agentes en un informe.
Intervenciones telefónicas
"A mí me pueden pedir y yo puedo ofrecer una comisioncita al jefe territorial y al Joaquinito y al otro... pero no me pueden pedir, es decir, haz esto, pégale una puñalada a este tío... aquí esto y nos llevamos tres millones... eso a mí no me lo pueden decir porque los mando a tomar por el culo... a mí me dan dos cursos y me piden 6.000 euros para el PP, tómalos...", comenta Crespo al presidente de la federación vecinal Salvador de Madariaga en una conversación telefónica intervenida por la policía. En otro de los pinchazos de los que da cuenta el sumario, que supera los 12.000 folios, el representante vecinal aconseja a Crespo, molesto por las inspecciones que comenzó a hacerle la Xunta en 2012, cuando la investigación judicial ya estaba en marcha, que le dijese a Negreira: "¡He hecho muchas cosas por el partido, joder. Y he soltado mucha pasta, coño!". Los agentes también incluyen en sus informes un mensaje enviado por Crespo al alcalde en junio de 2012, cuando la policía, bajo secreto, ya le seguía la pista y Traballo le reclamó la devolución de algunas subvenciones.
El imputado escribió: "Carlos, se está cometiendo una injusticia con mi empresa y me va a llevar a la suspensión de pagos. El trabajo de 25 años por los suelos. No merezco esto y, además, parezco un proscrito. Ninguno queréis cogerme el móvil, incluido Pachi. Que le aconsejáis que me deje. ¿Esta locura de quién es? Por favor, escúchame. Luego será tarde...". Los mensajes también revelan el enfado de Saénz-Chas, que esperaba conseguir un alto cargo de la Diputación, con el alcalde: "Es que lo de Carlos tiene huevos, Que me mande montar asociaciones y nombre a ese mierda director de área. ¡Qué huevos!".
