Los miembros de la organización delictiva que, presuntamente, se dedicaba a defraudar subvenciones destinadas a cursos de formación manejaban importantes cantidades de dinero. Eso al menos es lo que se desprende del sumario de la operación Zeta, en el que consta que algunos imputados percibían sueldos de más de 4.000 euros al mes y utilizaban tarjetas a nombre de asociaciones que dirigían, sin afiliados ni actividad, en algunos casos, para pagar gastos personales de todo tipo.

El fraude, según estima la Policía Judicial de la Policía Nacional, que acusa a los políticos de hacer "la vista gorda", ascendería a 20 millones desde que iniciaron la investigación, la mayoría -12 millones- procedentes de la Consellería de Traballo e Benestar, dirigida por Beatriz Mato. Los agentes aseguran en el sumario que tienen "el convencimiento" de que uno de los siete imputados, Eliseo Calviño, pagó "la práctica totalidad de los gastos" de la rehabilitación de una casa de su propiedad, situada en la parroquia de San Pedro de Corcoesto (Cabana de Bergantiños), con "las devoluciones ilícitas" que le hacía el empresario Gerardo Crespo. En total, según la Policía Judicial, el sospechoso abonó alrededor de 700.000 euros procedentes de las arcas públicas para la remodelación de la vivienda, que pretendía convertirla en un hotel rural con 14 habitaciones.

Los agentes destacan que los primeros documentos en los que Calviño, que era fundador y presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), hace referencia al pago de gastos relacionados con las obras del inmueble datan de mayo de 2008. Justo en esa fecha el imputado aprobó en una junta directiva de la entidad que cobraría un sueldo mensual de 4.500 euros líquidos. A la reunión en la que fijó su salario como el de "un alto directivo" solo asistieron él y otro de los imputados en el caso, Francisco Javier Pérez Bello, que ejercía como secretario de Caype, una asociación que, según los agentes, carecía de afiliados y de actividad. La policía constató durante la investigación que la entidad compró listas de autónomos para poder optar a subvenciones del Estado. El Gobierno le concedió 5 millones de euros entre 2008 y 2012. Los funcionarios de la Policía Judicial acusan a la Administración de "facilitar", con su falta de control, que la asociación fuese considerada una de las más representativas de España cuando no tenía ni un solo afiliado.

En los documentos en los que se basan los agentes figuran anotaciones de "entrega a cuenta", en ocasiones por importe de 6.000 euros, "recibís" y anotaciones manuscritas de Calviño en las que se lee "pagado". Los agentes indican en sus informes que no encontraron en los datos bancarios que examinaron transferencias o abonos a favor de las empresas y obreros que se encargaron de la rehabilitación de la casa. "Esta instrucción deduce que los pagos se hicieron en metálico", recalcan. El imputado en la presunta trama de corrupción, según detalla el 091, siguió haciendo pagos para rehabilitar la vivienda "incluso en su precaria situación de 2012", el año en que la Policía Judicial registró las sedes de las entidades presuntamente involucradas en la organización delictiva.

Los policías incluyen en el sumario una conversación telefónica intervenida a Calviño en la que admite que había invertido en la reforma 700.000 euros: "... En el edificio, en la casa, yo voy a hacer allí un hotel de 16 habitaciones dobles... es un hotel rural, y es a 20 metros del río Anllóns... He invertido allí 700.000 euros y me faltan otros tantos que no sé de dónde sacar... pues hace tres años vi que la casa se me estaba cayendo y si se me cae no me dejan hacer otra, porque está a 20 metros del río, do río Anllóns, entonces no tuve más remedio que empezar a levantar la casa y echar mano de ella, hice allí una inversión tremebunda, más de 600.000 euros y ahora tengo la operación a medio hacer, porque allí tengo un proyecto muy bonito, muy amplio y a la zona le vendría de maravilla...".

Las facturas y recibís localizados por los investigadores que constatan el pago de las obras en dinero negro suman 285.098 euros, pero los agentes concluyen en el sumario que el dinero abonado por Calviño fue "en mucha mayor cuantía que lo reflejado en la documentación intervenida", alrededor de 700.000 euros, como reconoce el imputado en la conversación telefónica. Los funcionarios de la Policía Judicial sostienen que el presidente de Caype, que también dirigió la asociación provincial de hosteleros, pagó la reforma con dinero público. Los funcionarios consideran acreditado que cuando Caype recibía una subvención para cursos subcontrataba a empresas de Crespo para que los realizase. A cambio, Crespo le pagaba a Calviño un 40% de las ayudas públicas.