Los extrabajadores de la fábrica de armas vinculados a UGT solicitaron ayer en el Registro Municipal que el alcalde, Carlos Negreira, tome ante Hacienda y el Ministerio de Defensa "las actuaciones inmediatas necesarias para evitar que se consume un posible delito de falsedad documental y fraude fiscal" por parte de Hércules de Armamento, la compañía adjudicataria de la planta. El presidente del antiguo comité de empresa, Roberto Teijido, pidió a las administraciones "implicación" para investigar un concurso que entiende "ilegal" dado que, según la documentación que manejan, la empresa "no está al día en sus obligaciones tributarias".

Las declaraciones se produjeron en la concentración que los exempleados llevaron a cabo esta mañana en la plaza de María Pita y en la que lucieron una pancarta en la que se podía leer "Alcalde, solución e implicación". "Esta es una situación rara y creo que detrás de esta adjudicación hay una parte muy oscura del PP", sentenció Teijido, que aseguró confiar en que el alcalde "va a actuar". "Y si no lo hace tendrá que desdecirse que la postura que mantuvo hasta ahora, la de que defendía la legalidad", remarcó.

El grupo IFFE, la otra empresa que optaba a la gestión de la fábrica y que perdió el concurso, presentará hoy o el lunes un recurso de reposición contra la adjudicación a Hércules de Armamento, tras encontrar "irregularidades" en la ampliación de capital llevada a cabo por la empresa y "evidencias de falsedad documental", después de tener acceso al expediente del concurso.