El negocio de los cursos de formación salpica a políticos, altos cargos, asociaciones, empresarios y sindicatos. Millones de euros pasan de unas manos a otras bajo la excusa de formar e integrar a desempleados. La Policía Nacional, según se desprende del sumario de la operación Zeta, con epicentro en A Coruña, sospecha que por el camino se quedaba parte del dinero. La calidad de los programas y la reducción del número de parados era secundario, según concluyen los agentes.
La magistrada que investiga el caso ha citado a declarar como imputadas a 30 personas, entre las que figura el presunto cabecilla de la trama, Gerardo Crespo, así como responsables de colectivos de autónomos, hosteleros, y la dirigente de la principal consultoría de formación de Galicia, Femxa, entre otros. La Xunta insiste en que denunció ante Fiscalía las irregularidades, pero la cronología revela que la primera vez que comprobó in situ la ejecución de los cursos ya estaba abierta la investigación policial, en teoría, secreta. Algunos de los imputados en la trama, entre ellos Crespo, lo tienen claro: el Gobierno de Núñez Feijóo recibió el soplo de que la policía les seguía la pista y, tras romper las relaciones con ellos, recurrieron a la Justicia para poder alegar que habían detectado las irregularidades.
Finales de 2011. Dos empleadas de Eliseo Calviño, presidente de la Confederación de Empresarios y Profesionales de España (Caype) denuncian ante la Policía Nacional las irregularidades que, presuntamente, cometía su jefe con las subvenciones que el Estado y la Xunta le concedía para cursos. De los testimonios y pruebas aportadas por las trabajadoras la policía concluye que hay indicios de que Caype carecía de socios y que había comprado listas de autónomos para no perder su representatividad nacional. Además, las denunciantes cuentan a los funcionarios que Calviño subcontrataba a la consultoría de Crespo, Azetanet, para que realizase los cursos de formación y que, a cambio, se quedaba con un porcentaje de las subvenciones.
22 de diciembre de 2011. El Juzgado inicia una investigación sobre un posible fraude en el cobro de subvenciones tras haber recibido un atestado del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en A Coruña. Nace la operación Zeta.
23 de diciembre de 2011. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, Pablo García Suárez, a quien sustituyó la juez que en la actualidad dirige la investigación, María Jesús García, da el visto bueno a la intervención del teléfono de Eliseo Calviño. Los policías señalan en su solicitud de autorización al juez que se puede "deducir, provisionalmente, pero con datos objetivos, la probable y posible participación de Eliseo Calviño y Gerardo Crespo en los hechos".
9 de febrero de 2012. La policía graba una conversación en la que una responsable de Azetanet pone al tanto a Crespo sobre las gestiones que se deben realizar para amañar un concurso de la Escola Galega de Consumo y recibir la subvención.
27 de febrero de 2012. Crespo le envía un mensaje a Negreira para quejarse por no haberle sido notificado una licitación municipal. "Hola, me siento abandonado, sé que estás liado, pero lo cierto es que aunque son pequeñeces, antes las tenía y ahora no. Espero tus noticias. Abrazos".
2 de marzo de 2012. Crespo le escribe a Negreira: "Hola, Carlos. Antonio, de USO [Unión Sindical Obrera] quiere que le recibas conmigo. Oye, me siento amparado y feliz del amigo alcalde que tengo".
30 de marzo de 2012. La Consellería de Traballo inspecciona, por primera vez, los cursos que ejecuta Gerardo Crespo. Detecta irregularidades, reclama la devolución de las subvenciones, y pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El empresario y los dirigentes de los colectivos que lo subcontratan para cursos comienzan a preocuparse. No encuentran explicación a las inspecciones.
1 de abril de 2012. El empresario dirigente de Azetanet le envía un SMS a Negreira: "Tengo un problema gravísimo y urgente, que es una injusticia y me siento indefenso, ¿cuándo puedo contártelo? Puede acabar conmigo".
11 de abril de 2012. En una conversación con otro de los implicados en la trama, Crespo dice: "He hablado con Carlos y he coincidido con él en una inauguración de Educación... y sabe el tema y me ha dicho que nos defendamos... que nos defendamos a muerte, que él quiere que nos defendamos y que tengamos cuidado que hay mucha piraña suelta, eso fue lo que me dijo...". Después, añade: "Pero entonces, macho, una directora general tiene que saberlo y avisar. A nosotros alguien nos tiene que avisar porque estamos con las espaldas descubiertas, joder, es más, yo creo que he visto más interés ahora a Carlos en lo nuestro que a los otros, eh... Ya verás, lo vamos a defender bien, no te preocupes".
Mayo de 2012. Crespo sostiene que se reunió con Pachi Lucas, "amigo" de Feijóo al que asegura que pagaba 3.000 euros mensuales en B para que le consiguiese contratos. El empresario afirma que desde que la Xunta inspeccionó sus cursos ya tenía "la mosca detrás de la oreja" porque todos los políticos del PP con los que se relacionaba dejaron de cogerle el móvil y de responder a sus mensajes. Además, el Gobierno gallego nunca había controlado esos programas formativos. Pachi Lucas, según Crespo, le confesó que había una operación bajo secreto contra él. "Me dejaron tirado, y cuando Pachi me avisó ya era tarde", subraya el empresario.
1 de junio de 2012. Crespo le envía un SMS a Negreira: "Carlos, se está cometiendo una injusticia con mi empresa y me va a llevar a la suspensión de pagos. El trabajo de 25 años por los suelos. No merezco esto. Y, además, parezco un proscrito, ninguno queréis cogerme el móvil, incluido Pachi, que le aconsejáis que me deje. ¿Esta locura de quién es? Por favor, escúchame, luego será tarde.
2 de junio de 2012. Crespo, en una conversación telefónica que mantiene con el presidente de la Federación de Vecinos Salvador de Madariaga, dice: "Sí, lo saben desde hace tres meses, desde que le dijeron a Pachi... desde que le dijeron a Pachi no te pongas al móvil, saben que iban a montar este follón... pero bueno, en fin, vamos a confiar en él, ¿vale?".
6 de junio de 2012. La Policía Judicial registra durante todo el día las oficinas de dos entidades del empresario coruñés Gerardo Crespo ante la posible existencia de irregularidades en el uso de fondos públicos para de cursos de formación para desempleados.
6 de junio de 2012. A las 14.54 horas llama el presidente de la Federación de Vecinos Salvador de Madariaga, Juan Sáenz-Chas, a Crespo. A continuación, se reproduce la conversación: C: Sí / J: Gerardo / C: ¿Qué? / J: Mira, hablé con Carlos / C: Y, ¿Y, qué? ¿Y, qué? / J: Mira, me dice que mucho ánimo y que te defiendas / C: [Profiere un fuerte insulto contra el alcalde] / J: No, no sé por qué, me da que no / C: ¿Qué no? / J: Yo creo que esto es una trama más profunda, eh / C: ¿A dónde?, ¿Quién? / J: No lo sé, no lo sé, pero lo de, yo creo que se lo han dado mascadito a Bea, yo no creo que esto sea Bea, eh / C: ¿No? / J: Ni la directora general, yo creo que ahí hay una trama.
15 de octubre de 2014. La juez levanta el secreto de sumario y sale a la luz pública toda la investigación. En la operación Zeta hay 30 imputados que declararán entre febrero y abril del próximo año.
